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Cómo las pequeñas islas están seduciendo a inversores ricos.

Cuando George Osborne anunció el miércoles pasado una reforma de la legislación fiscal para los extranjeros que viven en Gran Bretaña, el Ministro de Hacienda tuvo cuidado de no perjudicar el atractivo subyacente de su país. El estado impositivo para «no domiciliados», «desempeña un papel importante a la hora de permitir a quienes viven en el extranjero realizar contribuciones a nuestra economía»—ha comentado.

El Reino Unido no es el único país que despliega la alfombra roja a extranjeros adinerados. Como ha advertido el ministro Osborne, muchos países tienen algún tipo de estado impositivo especial para atraer a los ricos de todo el mundo. La semana pasada, Chipre anunció sus planes para introducir el concepto de «domicilio» en su régimen fiscal. Portugal, Israel e incluso Francia han introducido concesiones fiscales para los forasteros.

En Suiza, como en Gran Bretaña, ha habido presiones para incrementar la justicia de la legislación fiscal especial de los residentes extranjeros. Suiza estaba decidida a cobrar más impuestos a sus extranjeros ricos gracias a su sistema fiscal de pago único; sin embargo, esa medida fue rechazada en un reciente referéndum.

Cuando los países intentan atraer a extranjeros ricos, no son solo privilegios fiscales lo que se ofrece. Un número creciente de países, incluyendo más o menos a la mitad de los que pertenecen a la UE, está vendiendo derechos de residencia. Un grupo menor de países, pero de crecimiento más rápido, está vendiendo pasaportes. El número de planes de «pasaportes a cambio de efectivo» se ha incrementado desde la crisis financiera. En el caso de Chipre, se produjo un vínculo directo: se les ofreció a los inversores extranjeros ricos la ciudadanía como compensación por las pérdidas en sus depósitos bancarios.

Antigua, una diminuta nación al este del mar Caribe, ofrece uno de los planes más populares de «inversiones a cambio de ciudadanía». Se vende a sí misma como un paraíso tropical «con unas 365 playas de transparentes aguas de color azul turquesa» y además ofrece a sus posibles ciudadanos la oportunidad de viajar sin visado a 130 países. Antigua solo exige a sus nuevos ciudadanos que la visiten durante cinco días una vez cada cinco años.

En 2014, George Georges, un hombre de negocios sirio, se convirtió en el primero de los nuevos ciudadanos de Antigua como resultado de este plan de inversiones. Desde entonces, se han vendido más de 500 pasaportes a ciudadanos chinos y de otras nacionalidades. El plan ha recaudado 65,9 millones de dólares para esta isla, muy necesitada de dinero y todavía lastrada por el gran fraude cometido por Allen Stanford, quien hasta 2009 fue el mayor empresario de la isla.

Christian Kalin de la firma Henley Partners, un especialista en temas de inmigración y ciudadanía, ha dicho que varios miles de personas al año están optando por adquirir pasaportes adicionales. A sus clientes les impulsa un deseo de seguridad a largo plazo, una forma de viajar más sencilla y sin visados y, en algunos casos, el temor de ser objeto de atentados terroristas. Ha comentado al respecto: «Desde el 11 de septiembre se ha acelerado la demanda. Mucha gente se está dando cuenta del valor que ofrece una ciudadanía alternativa».

En un estudio reciente, el Fondo Monetario Internacional ha revelado que los planes de inversiones a cambio de ciudadanía han experimentado «un auge en clientes de China, seguida de Rusia, y un crecimiento continuo de clientes de Oriente Medio, si bien en un grado bastante menor». Los ciudadanos de «países avanzados» también tenían una buena representación, en general motivados por las ventajas fiscales.

Algunos países que ofrecen los planes de inversiones a cambio de ciudadanía citan su «tratamiento fiscal favorable para intentar atraer clientes de altos ingresos que buscan ventajas fiscales».

El FMI hizo mención de los tratamientos fiscales preferentes disponibles en los planes de ciudadanía de Chipre y Malta, así como los planes de residencia para inversores de Bulgaria, Hungría, Irlanda y Portugal.

No hay poca controversia en torno a la venta de derechos de ciudadanía o residencia. En Portugal, se produjeron detenciones en relación con el plan del «visado de oro» el pasado noviembre. También el año pasado, el Ministerio de Hacienda de EE. UU. advirtió que los hombres de negocio iraníes buscaban aprovecharse del plan de ciudadanía a cambio de inversiones en la Isla de San Cristóbal a fin de eludir las sanciones internacionales. En 2014, el parlamento europeo aprobó una resolución que criticaba a Malta por poner a la venta pasaportes de la UE.

Los impuestos son otra fuente potencial de controversia, aunque el FMI ha dicho que las medidas severas impuestas a nivel mundial en materia de evasión fiscal estaban reduciendo el ámbito del uso fraudulento de los planes de inversiones a cambio de residencia o ciudadanía.

Ha comentado que su uso «podría resultar cada vez más complicado ya que más países están adoptando cláusulas contra la evasión de impuestos en sus legislaciones fiscales y están promulgando leyes a favor de la transparencia financiera».

El grupo Tax Justice Network, que hace campaña a favor de dicha transparencia, no está tan seguro de ello. Teme que los derechos de residencia se vendan a personas que buscan eludir la nueva legislación en materia de transparencia financiera. Los bancos están empezando a declarar información fiscal a los países de residencia de sus clientes, pero si se trata de paraísos fiscales, harán caso omiso de ella. John Christensen, un director, ha comentado que los evasores fiscales tuvieron un gran incentivo al utilizar un paraíso fiscal como país de residencia.

«Vender la residencia y un tratamiento fiscal especial resulta contagioso. Está creando un nuevo agujero fiscal que se extenderá geográficamente»—ha comentado.

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