La introducción de una moneda paralela no salvará a la economía del país.
El infame Plan B de Yanis Varoufakis sigue ganando mala reputación y, al mismo tiempo, el anterior ministro de finanzas de Grecia se enfrenta a cargos penales. Desarrollado junto a Galbraith, de la Universidad de Texas en Austin, el Plan B esbozaba la introducción de una «moneda paralela» al euro en caso de atascarse indefinidamente las negociaciones con la Troika.
Si el Banco Central Europeo (BCE) cortaba a Grecia la ayuda de urgencia en caso de crisis de liquidez, esta moneda paralela aliviaría la liquidez restringida del país y los efectos secundarios resultantes a nivel social, durante un periodo ampliado de días festivos. Algunos aún creen que esto es mucho ruido y pocas nueces, pero, ¿está así verdaderamente la situación?
Dicha moneda complementaria supondría un territorio sin explorar por los tratados de la eurozona, pues estaría denominada en euros pero no constituiría ni una nueva moneda ni una vuelta al dracma. Bajo el Plan B, Grecia podría haber introducido a terceros un sistema de facto para la contabilización y transferencia de la deuda para atender a las necesidades familiares contraídas con las autoridades fiscales del país. Una vez que esa deuda sea transferible, los ciudadanos griegos podrían utilizar la moneda de nueva emisión para pagar transacciones: los ciudadanos solo tendrían que transferir las deudas por bienes y servicios como hacen con otras monedas tradicionales.
Además, el plan elaborado por Varoufakis-Galbraith habría permitido a los residentes cambiar importes en la nueva moneda por fondos que, de otra manera, permanecerían congelados en las cuentas bancarias. En consecuencia, el restablecimiento de las transacciones financieras habría evitado los problemas de liquidez y el asfixiante periodo festivo.
El que pueda circular con éxito una moneda fiscal depende de la deuda para atender a las necesidades familiares contraída con las autoridades fiscales. La emisión de una moneda basada en la cuantiosa deuda para atender a las necesidades familiares contraída con las autoridades fiscales soberanas resultaría particularmente eficaz en Grecia, dado el alto nivel de endeudamiento fiscal de sus ciudadanos.
De hecho, los residentes tienen contraída una gran deuda fiscal, y el sistema bancario se ha recapitalizado recientemente en aproximadamente un 50%, usando para ello 15.000 millones de euros de activos por impuestos diferidos. En otras palabras, dicho plan ya se ha utilizado antes para mantener vivos a los bancos griegos y evitar de forma preventiva que la Troika se entrometa en las cuentas de los bancos griegos en el futuro.
De manera similar, el país podría hacer circular deuda de las administraciones públicas contraída con el sector privado. No está claro si Syriza podría extender este mecanismo a la deuda fiscal futura, dados los importantes recortes habidos por convertir la moneda fiscal al euro.
Para implantar la moneda fiscal, el gobierno griego habría utilizado la información de los contribuyentes disponible en la Secretaría General sobre ingresos públicos. Mientras Grecia podía acceder con facilidad a tal información en condiciones económicas normales, la Troika les suministró (seguramente con fines de control) el software de gestión necesario.
Los acreedores del país evitarían obviamente la diseminación de una moneda fiscal que permitiría a Atenas tomar el control de su base monetaria nacional. Si fuera implantada, la medida política fortalecería la posición de Grecia en las negociaciones y haría que los posibles planes de último recurso, como la salida del euro, resultaran menos desalentadores. Varoufakis ha resaltado recientemente que, con la implantación de una moneda fiscal, la vuelta al dracma sería factible sin mayores complicaciones.
No obstante, la moneda fiscal no sería la panacea: serviría para mantener el orden público, pero no arreglaría la continua disminución del PIB griego, ni la deflación consolidada, ni las muy temidas consecuencias del pago de la deuda. Además, la moneda fiscal facilitaría las transacciones nacionales, pero no se podría utilizar para realizar pagos de créditos internacionales, como los de la deuda pública (unos 320 mil millones de euros, un 180% del PIB).
La búsqueda de una solución a la crisis griega necesita una perspectiva más amplia. En particular, el liderazgo de la eurozona debería fijarse tres objetivos: reducir la distribución de la deuda soberana griega entre los países miembro, favorecer las transferencias fiscales que corrigen desequilibrios financieros y las diferencias competitivas que se producen bajo el euro, y ayudar a estructurar el alivio efectivo de la carga de la deuda griega reestructurándola a valores de mercado.
Estas tres medidas ayudaron recientemente a Puerto Rico a conciliar su deuda insostenible, la cual culminó en una situación de incumplimiento de sus pagos. Los efectos negativos en el PIB puertorriqueño fueron un tercio menor si se comparan con los de Grecia.
Aunque Puerto Rico es solo un territorio de EE. UU., y no un estado de la unión, se ha beneficiado de transferencias federales por un valor más de cinco veces superior a lo que la eurozona ha asignado a Grecia, un país miembro de la Unión Europea en todos los aspectos.
El Organismo Federal de Garantía de Depósitos (FDIC) gestionó la crisis bancaria de Puerto Rico utilizando 5 mil millones de dólares del presupuesto federal. La UE debe ayudar a que los bancos griegos se recapitalicen con más de 25 mil millones de euros a costa de los depositantes.
