La resolución también insta a desobedecer las leyes españolas que vayan en contra de políticas sociales.
El Parlament catalán ha aprobado este lunes el inicio del proceso de independencia y constituyente de un nuevo Estado para Catalunya, con una declaración aprobada con los votos afirmativos de 73 diputados contra 62 en contra. El proceso de «desconexión», tal como lo llama la declaración, insta al Govern de la Generalitat a mantener obediencia exclusiva a las normas y leyes emanadas del Parlament y, por tanto, desobediencia al Tribunal Constitucional.
A la declaración, propuesta y votada a favor por Junts pel Sí y la CUP, se le añadió el pasado viernes un anexo en el que se concretan los temas para los que proponen la desobediencia al TC, como son el decreto de pobreza energética, la ILP de vivienda, el acceso universal a la sanidad, paralizar la reforma educativa o la renegociación de la deuda, entre otros. El anexo también ha sido aprobado por el pleno.
Por su parte, el grupo de Catalunya Sí que es Pot había presentado otra resolución en la que instaba a priorizar un plan de rescate ciudadano y el inicio de un proceso constituyente, texto que ha sido rechazado por la mayoría del pleno, reuniendo solo 11 votos afirmativos, correspondientes al propio grupo.
Una vez aprobada la declaración independentista, los diputados del PP han enseñado banderas españolas y catalanas, mientras que los de CSQEP han hecho lo propio con carteles en los que se reclamaba un referéndum.
Lluís Bassets, editor con sede en Barcelona y columnista del diario El País ha dicho:
«Esta resolución es mucho más que una declaración de intenciones. Se trata de una ruptura. El choque ya está causando gran inquietud en la comunidad empresarial catalana».
El Partido Popular, con el apoyo de otros grupos de comunicación, intentó paralizar la votación la semana pasada, con una apelación al Tribunal Constitucional que fue finalmente desestimada. Pero se espera que el tribunal examine la resolución después de su aprobación - y es probable que elimine cláusulas clave que vayan en contra de la Constitución.
En unas declaraciones el viernes, el viceprimer ministro dijo que Madrid tomaría medidas «inmediatas» para anular la resolución en los tribunales.
«Nadie debería tener ninguna duda: esta declaración no tendrá ningún efecto en absoluto», dijo Soraya Sáenz de Santamaría tras la reunión semanal del gabinete. «Esto es un asunto de Estado».
A las 17h tendrá lugar la primera parte del pleno de investidura, en el que Artur Mas dirigirá su discurso de candidato a la cámara, aunque sabe que no tendrá mayoría para ser elegido.