Los «contratos fantasma» de Fomento

Estos contratos benefician a grandes constructoras, donantes del PP y empresas de la Gürtel.

El entramado de «adjudicaciones fantasma» del Ministerio de Fomento en diversas carreteras de la Comunidad de Madrid afecta a 26 empresas entre las que están algunas de las mayores constructoras del país, sociedades en concurso de acreedores y algunas compañías salpicadas por las dos grandes tramas de corrupción que han azotado al PP en los últimos años: la Gürtel y los «papeles de Bárcenas».

Como informó eldiario.es el pasado martes, Fomento ha pagado por duplicado más de una treintena de trabajos de mantenimiento de diferentes carreteras de la Comunidad de Madrid. El trabajo se adjudicaba dos veces: una en un gran contrato de mantenimiento, otra en varios contratos pequeños (todos adjudicados hace ahora un año), con diferencias de precio de hasta el 50% por las mismas obras. En ocasiones, las adjudicatarias de esos grandes contratos (denominados «integrales») son las mismas que las de esos contratos menores.

Uno de los argumentos que exige Fomento para justificar esos contratos a dedo (de menos de 60.000 euros) es que los trabajos recogidos en ellos «son necesarios en un determinado tramo de carretera y no pueden ser ejecutados con cargo al contrato de conservación integral, cuya dotación presupuestaria no puede abarcarlo». En otras palabras, el dinero no alcanza.

Entre noviembre y diciembre de 2014, el departamento de Ana Pastor adjudicó a 23 empresas de construcción, ingeniería y señalización de carreteras 32 contratos menores por importe de más de 1,6 millones de euros por trabajos que, en principio, estaban incluidos en cuatro grandes contratos «integrales» para la conservación de esas mismas infraestructuras adjudicados a OHL, Ferrovial, Aceinsa Movilidad, Asfaltos Vicálvaro, FCC, Obras, Caminos y Asfaltos, ACS y Construcciones Sarrión. Estas empresas lograron esas adjudicaciones por un importe conjunto de 113 millones de euros. El importe es un 26,9% inferior al máximo previsto en los pliegos.

OHL es la que más contratos consigue y por mayor importe. La compañía del exministro Juan Miguel Villar Mir, que aparecía en los papeles de Bárcenas (caso por el que estuvo imputado) como uno de los supuestos donantes de la contabilidad B del Partido Popular, se adjudicó el mayor de esos contratos integrales junto a su filial Elsan el 12 de diciembre de 2014 por importe de 49.303.277,27 euros, impuestos incluidos, con un descuento del 25,7% con respecto al importe máximo previsto.

Asfaltos Vicálvaro, la otra integrante de esa UTE, logró hace un año los contratos 28-C14950 y 28-C14960 para diversos trabajos en la N-320 y la A-1, cuyo mantenimiento integral se adjudicó un mes después OHL. Asfaltos Vicálvaro, cuyo presidente es Juan Carlos González de la Iglesia, se ha visto salpicada por la trama Gürtel. En 2004, el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, gobernado entonces por Jesús Sepúlveda (exmarido de la exministra Ana Mato) le adjudicó por 1.854.656 euros, junto a otra empresa, la «operación asfalto» del municipio, epicentro de esa trama de corrupción. Las obras fueron después subcontratadas a Constructora Hispánica y, presuntamente, la red Gürtel cobró 63.643 euros por esta operación.

Mantenimiento de Infraestructuras (Matinsa), filial de FCC, se adjudicó en UTE con Ocasa un contrato integral por importe de 16.148.462,91 euros el 29 de Diciembre de 2011. El importe de adjudicación es un 25,1% inferior al máximo previsto. Su socia en ese contrato, en concurso de acreedores desde 2013, es propiedad de la familia Rodríguez Álvarez y se creó en 1996, después de que su fundador se deshiciera de una empresa anterior, Obras, Tendidos y Caminos, SA (Oteca), que dejó deudas con numerosos proveedores. En octubre de 2011, la Comisión Nacional de la Competencia impuso a Ocasa una multa millonaria (5,5 millones) en el denominado «cártel del asfalto» (47 empresas sancionadas con más de 47 millones por repartirse el mercado). Su filial Betunes y Firmes fue multada con otros 100.000 euros.

API Movilidad, filial de Imesapi (a su vez, filial de ACS), se adjudicó el 24 de junio de 2014 un contrato integral (51-M-0605) en UTE con Construcciones Sarrión por 17.328.130,37 euros. El importe de adjudicación fue un 28% inferior al máximo previsto. Sarrión es una empresa toledana que tiene la mayoría de su capital en manos de la portuguesa Mota-Engil.

Entre los contratos menores, destaca el nombre de Licuas, que se adjudicó dos contratos menores incluidos en el que debían ejecutar ACS y Sarrión. Fundada en 1985, su propietario, el empresario madrileño Joaquín Molpeceres, ha aparecido vinculado a la trama Gürtel y figuraba en los papeles de Bárcenas como presunto donante del PP, un caso por el que estuvo imputado. El nombre de Molpeceres figuraba ya en varios informes de la UDEF porque dos de sus empresas, Coarsa y Licuas, habrían abonado entre 2002 y 2005 hasta 225.000 euros a dos empresas controladas por el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa. Molpeceres también ganó el concurso para adjudicarse el complejo de ocio de El Encín, un campo de golf en Alcalá de Henares que la entonces presidenta madrileña Esperanza Aguirre adjudicó a Licuas en 2007. Fue declarado ilegal por el Tribunal Supremo en 2013.

Licuas y Asfaltos Vicálvaros están vinculadas a Solapaviment Obras, que se adjudicó los contratos menores 28-C14990 y 28-C15020 para la realización de trabajos en la A-1, cuyo mantenimiento integral se encomendó un mes después a OHL. El nexo es el administrador único de Solapaviment hasta junio del año pasado, Juan Carlos González de la Iglesia, presidente de Asfaltos Vicálvaro. González aparece en el Registro Mercantil como gerente de una UTE entre esta empresa y Licuas.

También destaca el nombre de Ingeniería de Trazados y Explanaciones (Intef SL), consultora en los campos de ingeniería civil y el medio ambiente fundada por Carlos Centeno Ferruelo, ex alto cargo del Ministerio de Fomento cuyo último puesto fue el de subdirector General de Construcción de la Dirección General de Carreteras durante toda la etapa del entonces ministro Francisco Álvarez-Cascos. Intef se adjudicó el 11 de diciembre de 2014 un contrato de servicios para la redacción del proyecto final de las obras de construcción de aglomerado de la A-1 entre los kilómetros 50 y 101, un tramo cuyo mantenimiento integral se adjudicó sólo un día después OHL.

Entre las 26 empresas que han recibido estos contratos también está Cipsa Consulpal, que se adjudicó la Redacción de órdenes de Estudio de proyectos en la A-1 en noviembre de 2014. Un mes después, el contrato integral de la infraestructura se encarga a OHL. Desde marzo pasado, esta consultora está en concurso de acreedores.