Todos los profesores de España, del sistema público y privado, tendrán que certificar que no tienen antecedentes por delitos sexuales para ejercer.
La medida, incluida en una modificación de la ley 26/2015 de infancia y adolescencia, afecta por igual a los docentes en ejercicio como a los de nuevo acceso y ha empezado a ponerse ya en práctica en algunas comunidades autónomas. De hecho, afecta a todos los profesionales que en su trabajo tengan «contacto habitual» con menores, hecho que incluirá a pediatras, monitores infantiles, etc. Pero de momento el Ministerio de Educación le ha tomado la delantera al resto.
Para el sindicato Comisiones Obreras esta exigencia «vulnera la presunción de inocencia» y, según su gabinete, es «jurídicamente imposible». Joaquín Morey, del bufete Morey-Abogados, cree que «en realidad no es una cosa novedosa, para determinadas plazas de funcionario ya se pide que no se tengan antecedentes o no se esté inhabilitado para la función pública», por ejemplo, en la policía. Pedro, profesor de Primaria en un colegio madrileño a quien ya le han pedido el certificado, también lo ve «correcto» por trabajar los profesores con quien trabajan.
Un registro que no existeLa modificación en la ley dice textualmente: «Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual, que incluye la agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual y corrupción de menores, así como por trata de seres humanos. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones, oficios o actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes sexuales ».
El problema de momento es que no existe tal Registro Central específico de delincuentes sexuales, pero el Ministerio de Educación comunicó a las comunidades autónomas, responsables del funcionariado docente, que mientras se pone en marcha solicite a los profesores un certificado del Registro Central de Antecedentes Penales. Y aquí surge un problema, según Paco García, responsable de función pública de CC OO. «Esta certificación de penales no diferencia qué tipo de delitos refleja», explica. Esto es, según la norma los docentes no podrán tener antecedentes por delitos sexuales y similares, pero el certificado que se pide ahora incluye todos los delitos que cualquier persona haya cometido, hecho que podría vulnerar la ley de protección de datos.
Este representante sindical sostiene que han elaborado un informe «que dice que no se puede poner en práctica. Nos parece que vulnera la presunción de inocencia porque se pide indiscriminadamente a todo el mundo». Desde CC OO reconocen «que hay una cierta inquietud social con estos asuntos, pero ahí a criminalizar a todo el mundo... Es una barbaridad», añade.
Las dudasLa normativa de momento no establece plazos para que todos los profesores presenten el certificado. El texto cita que el Registro Central de delincuentes sexuales debe estar operativo en seis meses desde que se redactó, esto es, el mes de febrero. Esa fecha podría marcar el límite. Tampoco se sabe qué ocurrirá con quienes estén ejerciendo y hayan sido condenados. Es de suponer que perderán su plaza, pero el texto sólo dice que para ejercer hace falta tener el certificado negativo, nada más.
Morey no ve motivo para el alboroto. «Para ser funcionario de carrera ya se exige en determinados puestos que no se tengan delitos o se haya sido inhabilitado para la función pública», explica. Sin conocer al detalle la nueva normativa, le parece «lógica» y que jurídicamente no presenta problemas. «Habría que ver cómo se articula en concreto, pero para verificar que no se produce una incompatibilidad» es factible esta medida, explica. Y recuerda que ya puede ocurrir que se haga una revisión de oficio a un funcionario y se le quite la plaza si ha incurrido en algún supuesto que conlleve esta situación.
Pedro es uno de los profesores a los que ya le pidieron el certificado en septiembre, cuando le contrataron en el colegio donde ejerce. En su centro solo se lo han pedido a los nuevos, los profesores que ya estaban de momento no han necesitado realizar el trámite. Le parece correcta. «Desde mi punto de vista», explica, «no me supone ningún problema. Me parece correcto por parte de los padres, trabajamos con menores y en algunos centros ya se han dado casos de pederastas. Se debería haber hecho antes», sostiene convencido. ¿El único pero? Cada docente debe pagarse el trámite para obtener el certificado. Cuesta 3,70 euros.
Sin embargo, es suficiente para que en algunas regiones vean la medida como un «afán recaudatorio».