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Madrid presentó la venta de viviendas de protección oficial a un fondo de inversión como medida de ahorro mientras que cedía locales de forma gratuita a la Iglesia.

La venta en 2013 de 3.000 viviendas de protección oficial al fondo de inversión Goldman Sachs-Azora fue presentada por el Gobierno regional de Ignacio González como una medida de ahorro para las arcas públicas. Una premisa que no repitieron ese mismo año cuando firmaron un convenio con la Provincia Eclesiástica de Madrid. En este caso, el IVIMA (Instituto de la Vivienda de Madrid) cedió de forma gratuita, sin obtener beneficios, siete locales a las Diócesis de Getafe y de Alcalá de Henares.

Según el convenio de cesión, al que ha tenido acceso eldiario.es, las construcciones, que son prefabricadas, tienen una superficie media de 350 metros cuadrados. Su ubicación no se determinó de forma aleatoria. Se planeó que se situasen en zonas donde la Provincia Eclesiástica constató «sociológicamente la necesidad de servicios religiosos, sociales formativos y educativos».

Más adelante esas necesidades formativas no religiosas desaparecen y solo se hace referencia a que estos emplazamientos albergarán «dependencias propias de un complejo parroquial tipo, compuesto por templo o capilla, despachos parroquiales, aulas y salas destinadas a la asistencia caritativa».

El director del Instituto de Vivienda Pública de la Comunidad de Madrid justificó la cesión gratuita argumentando que el organismo «dispone de construcciones modulares prefabricadas» y que, por lo tanto, el convenio no ha supuesto un coste extra para el organismo público. Una argumentación parecida utilizaron al comprometerse a asumir la mano de obra porque, según explican, el coste de su montaje «está incluido en la nómina de los trabajadores del IVIMA» y no supondría gastos suplementarios para el Instituto.

Tras ejecutar la transacción de los inmuebles de protección oficial, el Gobierno regional dio la espalda a los arrendatarios con dificultades económicas, que vieron cómo esta operación alteraba las condiciones de sus contratos.

Esta operación está siendo investigada por los tribunales y la sucesora de Van Halen al frente del IVIMA, Ana Gomendio, está imputada por malversación de caudales públicos y prevaricación por la venta de estos pisos sociales.

El Obispado de Alcalá de Henares, dirigido por el polémico Juan Antonio Reig Plá, conocido entre otras cosas por sus declaraciones homófobas, no ha querido responder a las preguntas de eldiario.es y no ha confirmado si en su Diócesis se han colocado las cuatro instalaciones regaladas por la Comunidad de Madrid. Esta redacción también se ha puesto en contacto con la Consejería de Vivienda para conocer si el Gobierno de Cifuentes tiene pensado mantener estas cesiones gratuitas, sin haber recibido respuesta por el momento.

Los emplazamientos elegidos para situar estas construcciones son parcelas de miles de metros cuadrados propiedad de las diócesis. En el municipio madrileño de Getafe, asociaciones de vecinos recriminaron al anterior gobierno municipal, presidido por el Partido Popular, que también cediesen terrenos de forma gratuita a la Iglesia.

«No entendemos que no se haya buscado la obtención de beneficios. En esas zonas hay otras prioridades: necesidad de nuevas escuelas infantiles, colegios, centros de salud», explica el portavoz de la asociación de vecinos Los Molinos-Buenavista. Una de estas parcelas también ha sido agraciada con una de las construcciones cedidas por el IVIMA a la Iglesia.

Fuente: eldiario.es. Autora: Laura Galaup. Bajo licencia Creative Commons BY-SA

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