La detención en España de dos titiriteros por apología del terrorismo ha suscitado protestas dentro y fuera del país. ¿Es posible que el creciente miedo al terrorismo islámico nos esté llevando a aplicar absurdamente unas leyes que posiblemente violen el derecho a la libertad de expresión?
Un espectáculo de marionetas en una plaza abierta de Madrid durante las festividades de Carnaval de este mes representaba a un policía que intentaba capturar a una bruja. El oficial hizo un pequeño cartel para lanzar una acusación falsa, utilizando un juego de palabras que combinaba Al Qaeda y ETA, el grupo separatista vasco.
Los padres mostraron su enfado y la policía intervino. Dos titiriteros fueron detenidos, y ahora se podrían enfrentar hasta a siete años de prisión, acusados de apología del terrorismo y promover el odio.
Paradójicamente, los titiriteros dicen en su defensa que el policía transmitió su mensaje: que las leyes antiterroristas de España están siendo mal aplicadas, utilizadas para la caza de brujas.
No es la primera vez
Lejos de ser un episodio aislado, las detenciones del 5 de febrero son parte de una cadena de acusaciones, incluyendo dos en contra de un rapero y un poeta, que han generado un debate sobre si la libertad de protesta y expresión está amenazada en España y en otras partes de Europa debido al miedo generado por el terrorismo.
Algunos países europeos, con dolorosos capítulos históricos de fascismo y extremismo de izquierda, tienen unos límites más estrictos sobre el discurso político y el odio que EE. UU. Por ejemplo, negar el Holocausto puede ser objeto de acciones legales en Alemania y Francia.
Sin embargo, algunos grupos de libertades civiles y expertos legales están cada vez más alarmados por cómo se están aplicando estas leyes a medida que el espectro del extremismo islámico se convierte en la nueva preocupación de Europa.
Una vez que estas prohibiciones se convierten en ley, incluso si es debido a razones reales de seguridad, no hay garantía de hasta qué punto se podrían aplicar en el futuro.
Los titiriteros españoles son un claro ejemplo de ello. Están siendo procesados en virtud de una ley española con más de una década de antigüedad y dirigida en un principio a ETA. Responsable de la muerte de más de 800 españoles, el grupo separatista vasco declaró un alto el fuego unilateral en 2011.
Temor por el terrorismo islámico
Sin embargo, el año pasado, el gobierno conservador de Mariano Rajoy renovó y fortaleció la ley, esta vez con el terrorismo islámico en mente. Entre otras cosas, uno de los cambios consistió en elevar la pena máxima de prisión para los que infringen la ley por primera vez de dos a tres años para así garantizar virtualmente que pasan algún tiempo en prisión.
Esas medidas coincidieron con la introducción por parte del gobierno de Rajoy de lo que se conoce como la «ley mordaza», que penaliza duramente las manifestaciones públicas no autorizadas y que ha suscitado fuertes críticas en el país y en el extranjero.
«Se trata del último ataque grave a la libertad de expresión», dijo Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia, una asociación de cerca de 600 jueces que se centra en los derechos humanos. «Durante la dictadura de Franco, los artistas que daban problemas iban a la cárcel, pero no en la España democrática».
Incluso teniendo en cuenta a ETA, Bosch señaló que la ley que prohíbe la glorificación del terrorismo era utilizada «unas dos o tres veces al año».
Sin embargo, el año pasado los jueces del tribunal nacional de España actuaron ante 25 de estos casos, absolviendo a los demandados en solo seis de ellos. «La politización del terrorismo ha sido utilizada como una cortina de humo para desviar la atención de los problemas sociales y la corrupción», dijo Bosch.
No solo en España
Sin embargo, la aplicación cada vez mayor de las leyes contra el terrorismo relacionadas con la expresión se extiende fuera de España, ya que los países de Europa están luchando para equilibrar las libertades civiles y la seguridad tras los dos grandes ataques terroristas de París del año pasado.
Incluso antes de los ataques, en noviembre de 2014, Francia reafirmó una ley similar a la de España, que castiga las declaraciones que incitan al terrorismo debido al aumento de la preocupación por la radicalización nacional y la influencia de los grupos extremistas en internet.
Los legisladores franceses endurecieron las sanciones – hasta cinco años de prisión y una multa máxima de 75.000 euros, o hasta siete años y una multa de 100.000 euros si las declaraciones son en internet.
Desde los ataques contra el periódico satírico Charlie Hebdo en enero de 2015, las autoridades francesas han adoptado importantes medidas para garantizar el cumplimiento de la ley. Estas medidas han sido objeto de críticas por haber condenado sin pensárselo dos veces a personas que han hecho declaraciones provocadoras, a veces bajo los efectos del alcohol, que tenían poco que ver con el extremismo real o el terrorismo.
En uno de los casos más destacados, el cómico Dieudonné M'bala M'bala fue declarado culpable y fue condenado a 2 meses de prisión por un mensaje de Facebook en el que supuestamente demostraba su simpatía hacia uno de los terroristas del ataque a Charlie Hebdo.
En opinión de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, uno de los grupos que ha presentado cargos en contra de los titiriteros, su representación era un acto de «apología y reconocimiento a las organizaciones terroristas que han causado tanto dolor y sufrimiento en nuestra sociedad».
El ministro del Interior de España, Jorge Fernández Díaz, también defendió la aplicación de la ley para detener a los titiriteros en un momento en que «el terrorismo internacional amenaza a nuestro país».
Condenó el espectáculo por incluir otras escenas anti-sistema de violencia, como el ahorcamiento de un juez y la violación de una monja. «Fingir que esto es sátira o humor negro me parece absurdo», dijo Fernández Díaz.
Pero desde la detención de los titiriteros, Raúl García Pérez y Lázaro Alfonso de la Fuente, ha habido protestas callejeras en defensa de los detenidos por todo el país.
Las asociaciones civiles que organizaron una manifestación en Granada, donde la compañía de marionetas fue fundada, dijeron que «la realidad supera la ficción» cuando los artistas van a prisión por representar un espectáculo basado en la tradición británica de 3 siglos de antigüedad de los espectáculos Punch y Judy, en los que las marionetas a veces eran golpeadas hasta la muerte.
Lejos de promover el terrorismo, el espectáculo de Madrid intentaba condenar «la criminalización de la protesta social», dijeron las asociaciones.
Según Eric Sanz de Bremond, abogado de los titiriteros, el cartel del espectáculo fue «utilizado como una prueba falsa, para probar un delito y nunca para fomentar el terrorismo». La policía también confiscó un libro anarquista en miniatura, que también formaba parte del espectáculo, dijo.
«Se trata de una obra de ficción y sátira», dijo, e indicó que el espectáculo de marionetas se había estrenado en Granada «sin ningún incidente» a finales de enero.
De hecho, la aplicación incoherente es uno de los peligros de estas leyes, dijo José Ignacio Torreblanca, profesor de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Educación a Distancia.