Ana Garrido, una empleada del ayuntamiento, desempeñaba uno de los trabajos más seguros en España desde hace dos décadas. Pero tras intentar exponer la corrupción tras la adjudicación de contratos públicos en su municipio, su vida descendió a lo que describió como "mi calvario de siete años".
El camino de Ana Garrido la llevó de ser atacada por sus jefes y compañeros de oficina en Boadilla del Monte, a las afueras de Madrid, a la depresión y baja por enfermedad, el desempleo, e incluso amenazas de muerte.
Ahora vende pulseras hechas a mano para ganarse la vida, y depende de la financiación colectiva para ayudar a cubrir sus gastos legales, que han alcanzado los 20.000 euros. Ha vendido casi toda su ropa y muebles, y alquila su casa para pagar la hipoteca. En cambio, vive como ocupante ilegal en un apartamento abandonado.
Es ahora, cuando España se prepara para una repetición de las elecciones nacionales en junio, y la cuestión de la corrupción avanza en la agenda política, cuando Garrido está recibiendo algo de reconocimiento tardío por emprender una de las actividades más arriesgadas de España: de ser un informante interno.
Garrido se ha convertido en un símbolo para los activistas contra la corrupción, que están presionando a favor de una nueva ley en España que por primera vez defendería los derechos de aquellos que tratan de exponer la corrupción.
Países como Estados Unidos y Gran Bretaña tienen leyes desde hace muchos años para proteger a los informantes, y desde 2010, Hungría, Eslovenia, Francia, Luxemburgo, Irlanda y Bélgica han promulgado diferentes niveles de protección.
España, por su parte, es uno de los pocos países europeos sin una legislación para los informantes, según un estudio de 2013 de Transparencia Internacional, una organización no gubernamental, que sostiene:
"España no ha seguido las recomendaciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y los nuevos derechos que concedían a los funcionarios públicos excluir la protección contra represalias cuando denunciaran supuestos delitos".
Muchos creen que esa falta de legislación ha contribuido a una cultura de impunidad, y ha convertido al sistema de gobierno de España en uno de los más corruptos de Europa. Desde el colapso financiero de 2008, han surgido más de 200 casos de corrupción, que implican a casi todos los partidos políticos.
"Hay muchos casos de corrupción que no salen a la luz porque todo el sistema está diseñado para dañar en lugar de proteger a los que denuncian la corrupción", sostiene Pedro Arancón, el presidente de la Plataforma por la Honestidad.
De hecho, los activistas contra la corrupción sospechan que algunos empleados están dispuestos a revelar el fraude y arriesgar sus puestos de trabajo, al igual que Garrido, en particular con la tasa de desempleo del 21% existente en España.
Algunos informantes internos, como Roberto Macías, incluso afrontan la pena de cárcel. Macías es una de las dos personas que serán juzgados en Sevilla, acusado de robar archivos informáticos que ayudaron a destapar el fraude dentro de UGT en Andalucía.
Si es hallado culpable, Macías se enfrenta a una condena de tres años de cárcel, así como 60.000 euros en concepto de daños morales reclamados por su antiguo sindicato.
El gobierno regional, por su parte, ha acusado al sindicato de malgastar al menos 1,8 millones de euros en dinero público asignado a los trabajadores en paro que pagar fiestas y regalos para los funcionarios del sindicato.
Macías, de 36 años, niega haber cometido ningún acto ilícito, alegando que ha cooperado con los investigadores. Pero también describió un descenso hacia la ruina económica y un acoso continuo tras haber perdido su trabajo en el sindicato en 2012.
"Me he enfrentado a una caza de brujas por parte de una organización mucho más interesada en castigar a los que filtraron documentos que en tratar de recuperar millones de fondos públicos desperdiciados y perseguir los funcionarios que malgastaron ese dinero".
El sindicato no hizo comentarios sobre sus últimos casos judiciales. Pero en una entrevista el año pasado, Carmen Castilla, la secretaria general de UGT Andalucía, argumentó que tanto el presunto robo de documentos como el fraude de dinero público deberían ser procesados.
"Si ha ocurrido un presunto delito, debería ser resuelto por el poder judicial – y un presunto robo es un delito", dijo Castilla.
Mientras se encontraba de baja por enfermedad, Garrido elaboró un expediente de 300 páginas sobre cómo el municipio de Boadilla adjudicaba contratos fraudulentos. Le entregó sus conclusiones a Manos Limpias, que posteriormente las presentó en la Audiencia Nacional como parte de una investigación más amplia de corrupción.
Según Ana Garrido, Manos Limpias reveló su identidad sin su consentimiento. Destacando la corrupción endémica en España, Manos Limpias ha sido recientemente sometido a investigación, después de haber sido acusado de chantajear a los posibles funcionarios fraudulentos, a cambio de retirar los cargos contra ellos.
A mediados de 2011, Garrido volvió a trabajar en el ayuntamiento, pero el trabajo duró sólo unos meses. El nuevo alcalde de Boadilla y la administración están "totalmente decididos a hacerme pagar por ello", sostiene.
El acoso llegó tan lejos como "amenazas de muerte e intentos de hacerme salir de la carretera", declara. Se fue y demandó al ayuntamiento por acoso, ganando su caso ante un tribunal de Madrid.
La nueva administración de Boadilla ha rechazado las afirmaciones de Garrido y está apelando contra el fallo de acoso ante el Tribunal Supremo.
Susana Sánchez-Campos Guerrero, funcionaria del ayuntamiento, sostiene que Ana Garrido no debería ser señalada como una informante especial – otros 15 funcionarios terminaron proporcionando pruebas ante los tribunales sobre los contratos públicos fraudulentos – sino como la única que estuvo involucrada en un conflicto laboral con el ayuntamiento de Boadilla. Sánchez-Guerrero Campos también discute las afirmaciones de Garrido acerca de sus activos inmobiliarios y las razones por las que sus finanzas se deterioraron.
"Ana Garrido dijo que la arruinaron económicamente porque denunció la corrupción, pero el hecho es que ella misma pidió poner fin a su contrato", declara Sánchez-Guerrero Campos.
Garrido ve las acusaciones contra ella como una prueba más de la razón por la denuncia de irregularidades es una causa perdida en España.
"Una vez tuve un trabajo y vida normales, pero una vez que denuncias, deberías estar listo para una pesadilla. Es una situación que nunca podría haber soportado si también hubiera tenido hijos a los que cuidar".