Existen 3 millones de inmigrantes en el Reino Unido procedentes de otros países de la UE, muchos de los cuales trabajan en el sector público.
Muchos del 52% de los británicos que votaron a favor de abandonar la Unión Europea lo hicieron porque querían reducir la inmigración. Sin embargo, las implicaciones de la salida de la UE comenzaron a hacerse más evidentes desde el referéndum de junio. Además de contribuir al funcionamiento de las empresas británicas, los ciudadanos europeos que trabajan en el Reino Unido ocupan puestos en los servicios públicos del país: por ejemplo, uno de cada diez médicos y uno de cada 25 enfermeros es ciudadano de otro país de la Unión Europea. Miles trabajan en otros empleos poco cualificados del sector público, como los conductores de autobús y los barrenderos.
Según Jonathan Clifton, de IPPR, un grupo de expertos:
"Dependemos de la mano de obra extranjera para prestar servicios públicos de forma más económica".
¿Qué pasará si ese flujo de mano de obra se agota?
Existen 3 millones de inmigrantes en el Reino Unido procedentes de otros países de la UE. Theresa May, la nueva primera ministra, ha manifestado que se les permitirá quedarse, siempre y cuando los británicos que se encuentran en el extranjero reciben el mismo trato. La gran cuestión es: ¿cómo tratará el país a los recién llegados? El año pasado la inmigración neta de todo el mundo superó los 330.000 inmigrantes, de los cuales más de la mitad procedía de fuera de la Unión Europea. La entrada de ciudadanos no europeos se determina a través de un sistema de puntos basado en criterios tales como la educación y el salario, mientras que los europeos son libres para entrar en el Reino Unido cuando quieran. Si el Reino Unido se autoexcluye de las normas de libre circulación de la Unión Europea, los ciudadanos pertenecientes a la UE puede que sean sometidos al sistema de puntos o a algo similar.
Actualmente, el requisito mínimo para los visados de trabajo para ciudadanos no pertenecientes a la UE es un salario anual de 20.800 libras – que está previsto que aumente a 30.000 £ el próximo año– y un empleo cualificado o que exija una formación universitaria. El año pasado, solo el 19% de los inmigrantes de la UE que trabajaban en el Reino Unido ocupaban puestos de trabajo cualificados y ganaban más de 20.000 libras al año. De hecho, solo una cuarta parte de todos los puestos de trabajo en el Reino Unido cumplen las condiciones del visado de trabajo para los ciudadanos no pertenecientes a la UE. En algunas industrias, que dependen en gran medida de la mano de obra extranjera, casi ningún trabajador estaría cualificado: en "agricultura, silvicultura y pesca" solo el 4% reuniría los requisitos; en "distribución, hoteles y restaurantes" apenas el 6%. Algunos de los que trabajan en empleos no cualificados del sector público– como los servicios de limpieza, por ejemplo– cumplirían los criterios.
Bob Price, líder del Oxford City Council, dice:
"Eso tendría un impacto significativo en los servicios públicos".
Entonces, ¿cómo responderían los servicios públicos? Muchos están preocupados con la posibilidad de que el Servicio Nacional de Salud británico (NHS, en sus siglas en inglés), cuyos médicos residentes se han rebelado contra un nuevo contrato que consideran miserable, tenga mayor dificultad para atraer personal. Gran Bretaña ocupa el 24º lugar de los 27 países de la Unión Europea en cuanto al número de médicos por persona. Muchos de los médicos del país se están marchando a Australia y Canadá en busca de mejores condiciones. Carlos Vargas-Silva, del Observatorio de la Migración de la Universidad de Oxford cree que, si es necesario, el gobierno podría imponer criterios menos restrictivos para los visados para el NHS. De cualquier modo, a la mayoría de los médicos les satisface las actuales condiciones de los visados para los ciudadanos no pertenecientes a la UE – y los enfermeros se encuentran en una "lista de ocupación por escasez", lo que significa que no tienen que cumplir los mismos requisitos. Vargas-Silva declara:
"Es difícil ver escenarios con limitaciones a nivel de los profesionales médicos".
Sin embargo, otros servicios podrían encontrar dificultades. Una de cada 20 personas que trabajan en los servicios sociales para adultos – que incluye residencias de ancianos y el trabajo social, por ejemplo – procede de un país de la Unión Europea, en un total de aproximadamente 75.000 personas. El sector ya hace frente a una importante escasez de personal: el año pasado hubo 70.000 vacantes sin cubrir. Incluso antes de la votación del Brexit, un informe realizado por las ONG Independent Age e International Longevity Centre, estimó que esta cifra podría elevarse a 200.000 o el 14% de la mano de obra requerida para el año 2020.
Las encuestas indican que el apoyo al Brexit fue mayor entre los pensionistas, en torno al 60% de los cuales votó a favor de abandonar la Unión Europea. Los que lo hicieron con el fin de limitar la migración puede que se den cuenta, demasiado tarde, que ellos eran los que más la necesitaban.