Aquí tenemos una instantánea de lo que una coalición de los grupos de derechos humanos de Filipinas describe como una “oleada de muertes extrajudiciales de delincuentes sospechosos y criminales de la droga”.
A continuación - un breve resumen de los acontecimientos.
14 de julio, 2:05 h de la madrugada: Un sospechoso de la droga sin identificar #43 | San Juan City, Metro Manila | Encontrado muerto, atado, con la cara cubierta de cinta aislante con ocho sachets de presumiblemente shabú [cristal de meta] atado al cuerpo.
13 de julio, 5:00 h de la mañana: Evangeline Tan, sospechosa consumidora de droga que no se encuentra en la lista negra de la droga de la ciudad | Dasmariñas City, Cavite | Encontrada muerta, su cuerpo repleto de puñaladas y las manos atadas con cable eléctrico; en su cuerpo se encontró una nota que decía, “Wag tularan, tulak ako (No imites, soy un camello)”.
Estos informes provienen de la «Lista de Muertes» del Philippine Daily Inquirer, que contabiliza las muertes de sospechosos traficantes y consumidores de droga a manos de la policía y de vigilantes no identificados.
La “Lista de Muertes” registra un “marcado e inconfundible” aumento de estas muertes que ascienden a 265 entre el 30 de junio, el día en el que el Presidente Rodrigo Duterte asumió su cargo, y el 18 de julio.
Las estadísticas oficiales respaldan las afirmaciones de que existe un aumento alarmante de estos asesinatos de delincuentes sospechosos relacionados con la droga, a manos de la policía. Los datos de la Policía Nacional de Filipinas indican que la policía mató al menos a 192 criminales sospechosos entre el 10 de mayo y el 10 de julio.
Esta estadística de muertes durante los dos meses que sucedieron a la victoria electoral de Duterte, hace pequeña la cifra de 68 muertes de sospechosos registradas por la policía durante las “operaciones anti-droga” entre el 1 de enero y el 15 de junio de 2016.
La policía ha atribuido las muertes al hecho de que los sospechosos “se resistían al arresto y disparaban a los policías”, pero no han presentado pruebas de que se actuara en defensa propia.
La retórica de Duterte
La administración de Duterte no ha hecho ninguna propuesta sobre justicia criminal ni control del crimen. No lleva en el poder ni un mes.
Pero la postura retórica del gobierno sobre la oleada de muertes de delincuentes sospechosos a manos de la policía, refleja que la desconsideración mostrada durante su campaña por Duterte hacia la ley filipina y las normativas internacionales de derechos humanos, es una realidad en su presidencia.
Dijo a sus seguidores en el camino a las elecciones:
"Si consigo la presidencia… será mejor que los camellos, atracadores y vagabundos se vayan porque acabaré con ellos".
En un mitin de la campaña preelectoral prometió a sus seguidores la matanza masiva de decenas de miles de “delincuentes”, cuyos cuerpos arrojaría a la Bahía de Manila.
En la inauguración de su gobierno, Duterte identificó las drogas ilegales como uno de los principales problemas del país y juró que la batalla anti-droga de su gobierno “sería implacable y constante”.
Ya en el gobierno, Duterte ha elogiado las Matanzas como prueba del “éxito” de la campaña anti-droga y ha instado a la policía a “aprovechar el momento”.
En contra del equilibrio entre poderes
Tras las peticiones de investigaciones por parte del Senado de estos asesinatos, el jefe de la Policía Nacional de Filipinas (PNP), el Director General Ronald dela Rosa, criticó ferozmente el 11 de julio estos asesinatos como una “violación de la ley” y afirmó que “mina la moral” de los oficiales de la PNP.
Ese mismo día, el alto mando de justicia del gobierno de Duterte, el Fiscal General Jose Calida, defendió la legalidad de los asesinatos y opinó que el número de dichas muertes no “era suficiente”.
La PNP pronto hará que Calida pueda controlar fácilmente el número de estas muertes. El 18 de julio anunció un plan para levantar una gran valla publicitaria electrónica fuera de los cuarteles de la PNP de Manila, que mostrará un recuento actualizado de los delincuentes sospechosos de la droga detenidos o “neutralizados” por la policía.
Cómplice de graves crímenes
Las declaraciones oficiales que describen de forma exhaustiva el asesinato ilegal de sospechosos criminales, podrían convertir a los oficiales responsables en cómplices de graves crímenes. Y la falta de disposición a la hora de investigar estas muertes supuestamente ilegales, sería una negligencia del deber.
Ya hay signos de que algunos políticos locales se han inspirado en parte de la retórica de Duterte durante su elección y han aprobado posibles medidas abusivas “anti-crimen”.
Tras unos días de la victoria electoral de Duterte el 10 de mayo, el alcalde electo de la ciudad de Cebu en Filipinas central, Tomas Osmeña, anunció que pagaría 50.000 pesos (1.080 dólares) de recompensa por cada muerte de un “delincuente” a manos de su fuerza policial. Osmeña no especificó cómo la policía determinaría la legalidad de esas muertes o la identidad de los sospechosos.
La articulación más siniestra de esta estrategia ha sido el aumento de “brigadas de la muerte” en las ciudades del sur de Filipinas, relacionadas con la policía local y oficiales del gobierno.
Human Rights Watch presentó en 2009 un informe de operaciones de una brigada de la muerte que operaba en Davao con el apoyo de oficiales y la policía de la ciudad. Cientos de personas consideradas “indeseables” - delincuentes de poca monta, traficantes de droga y niños de 14 años que viven en la calle – fueron asesinados.
Duterte, que sustentó el cargo de alcalde en la ciudad de Davao durante 22 años, aplaudió públicamente estas muertes.
No ha habido ningún procesamiento en relación con las operaciones de la brigada de la muerte en Davao y la investigación federal fue cancelada. Hay pruebas de que esta brigada en Davao inspiró una operación similar en el municipio cercano de Tagum, relacionada con cientos de muertes y gestionada como un brazo asalariado del gobierno municipal.
Quebrantamiento de la ley
En su discurso de inauguración, Duterte alegó que su “sometimiento a un proceso adecuado y a la ley es inexorable”. La espantosa estadística diaria de las muertes de delincuentes sospechosos a manos de la policía exige que cumpla esa promesa.
Duterte tiene que demostrar su compromiso con el proceso adecuado y con la ley. Debe ordenar con urgencia una investigación creíble e independiente de esas muertes.
El gobierno tiene que dejar claro que la protección de los derechos humanos recogida en la constitución, se aplica a todo el mundo en Filipinas – incluso a aquellos que puedan ser considerados por la policía como “delincuentes”.