Las detenciones, la censura y la imaginería militar apuntan a una inseguridad política, al tiempo que se paralizan las reformas económicas.
A medida que la economía china se desacelera, el régimen está atacando a cada vez más disidentes y otras marcas de moda como problemáticos.
Llámelo el índice de represión. Uno de los mejores indicadores de la dirección económica del país es ahora político también.
Las medidas enérgicas nos están diciendo que el liderazgo, a pesar de manifestaciones externas de confianza, está haciéndose cada vez más inseguro, ya que se enfrenta a problemas de crecimiento, el pilar de la legitimidad del Partido Comunista. Esto se traduce en una indecisión paralizante; los líderes parecen incapaces de reunir el valor de aplicar reformas económicas duras pero necesarias.
Mientras tanto, las evidencias de desorganización política están creciendo con el presidente Xi Jinping, y su primer ministro, Li Keqiang, quienes al parecer no estan de acuerdo con la forma agresiva de proporcionar estímulo. Un artículo del People’s Daily en mayo, escrito por una “persona autorizada”, probablemente un representante del presidente, apareció como un reproche a Li por su despilfarro de créditos este año.
Estos son tiempos peligrosos para el partido. Sabe que una transición económica acelerada de un modelo basado en inversiones derrochadoras a uno impulsado por los servicios, el consumo y la innovación, tendrá un impacto en el crecimiento y probablemente generará malestar social – sin garantías de un éxito definitivo.
Cambiar de rumbo siempre iba a ser más un desafío político que económico. Implicará una redistribución de los beneficios del crecimiento, de las grandes empresas de propiedad estatal a los hogares.
Esta no es la revolución que los incondicionales del partido tenían en mente; ya que supone una transferencia no sólo de la riqueza, lo cual ha ayudado a llenar las cuentas bancarias de las familias de la élite gobernante, sino del poder.
El proceso amenaza con desestabilizar el sistema. Las empresas estatales financian el régimen, proporcionan servicios sociales y mantienen la disciplina entre los trabajadores.
Además, ofrecen un gran número de puestos de trabajo, en particular los que provocan pérdidas que operan hornos de acero y plantas de cemento anticuados, y mantienen en funcionamiento las minas de carbón.
En términos puramente económicos, el cierre de estas reliquias industriales es una obviedad. Aumentan el exceso de capacidad descontrolada, así como la asfixiante contaminación.
Son los zombis en el centro del dilema del crecimiento del país: más y más crédito está generando cada vez menos rendimiento. El aumento de la deuda corporativa amenaza con bloquear el sistema financiero. “Las señales de advertencia están parpadeando” escribe David Lipton, subdirector gerente del Fondo Monetario Internacional.
Sin embargo, al parecer esa perspectiva no es tan preocupante para el régimen como lo es el espectro de trabajadores en paro que inundan las calles.
De ahí la lentitud en los cierres de las fábricas, junto con el deseo de continuar persiguiendo un objetivo poco realista el crecimiento rápido.
Por el contrario, la represión política está impregnada de urgencia. Un índice de represión mostraría datos sobre la situación de los defensores de los derechos. Más de 300 profesionales del derecho y activistas fueron detenidos brevemente o interrogados el año pasado, y varias decenas fueron puestos en custodia oficialmente. Los juicios están ahora en marcha.
Un índice también realizaría un seguimiento de las nuevas restricciones a los grupos de la sociedad civil, capturaría la intensidad de la censura y contaría el número de referencias en los medios estatales a las “fuerzas extranjeras hostiles” que intentaran subvertir el gobierno, una frase que desde los tiempos de Mao ha sido una medida confiable de paranoia entre la elite gobernante.
Un subíndice podría medir las horas de televisión dedicadas a las imágenes de misiles, aviones militares y buques de guerra. El creciente nacionalismo es otro corolario de la inseguridad política.
Este frío clima político recuerda al período inmediatamente posterior a la sangrienta represión del ejército que puso fin a las protestas de Tiananmen en 1989. No es casualidad que la economía estuviera en problemas en ese entonces también.
Los abogados de interés público están en el punto de mira debido a su capacidad para coordinar y canalizar las quejas del público disperso en un momento de creciente dificultad económica. Ellos ofrecen los medios para potenciar una ciudadanía cada vez más consciente de sus derechos. Eso va en contra de los instintos de control de un partido vertical leninista.
Y ahí está el problema. ¿Puede una transformación económica tener éxito sin aflojar riendas? La censura está en desacuerdo con una economía del conocimiento. Un dogma ideológico suprime la libre investigación, esencial para la creatividad.
Las señales políticas desestabilizan el sector privado, que crea casi todos los nuevos puestos de trabajo e impulsa la innovación en productos y servicios. La inversión privada está colapsando, a pesar de la orden del gobierno a las autoridades locales de “cantar himnos alegres” sobre la economía.
La reticencia a invertir sólo puede explicarse en parte con factores como la caída de los rendimientos en medio de la debilidad económica mundial, aparte de las preocupaciones sobre la depreciación de la moneda. También refleja lo que los analistas del banco de inversión chino CICC llaman una “trampa de la incertidumbre” –dudas sobre el “calendario, hoja de ruta y aplicación” de la reforma.
Según una escuela de pensamiento, la represión está preparando el escenario para reformas económicas enérgicas y políticamente arriesgadas. En efecto, el gobierno está cerrando las escotillas en preparación para los tiempos difíciles.
Los empresarios no están tan seguros: el grupo clave del que dependerá el éxito de las reformas – y no puede ser fácilmente coaccionado – ha decidido libremente mantenerse al margen.