Si la lucha entre el Estado español y Cataluña ha sido ya de por sí intensa durante los últimos cinco años, 2017 podría ser explosivo.
El líder catalán Carles Puigdemont dio el pistoletazo de salida en su mensaje de Año Nuevo, afirmando que celebraría en septiembre un nuevo referéndum. Esto desafiaría la advertencia del Gobierno español de que cualquier votación organizada por las autoridades regionales de Cataluña es ilegal.
"Si el sí consigue un 50% más un voto", declararemos la independencia sin vacilar, dijo.
Las tensiones entre los partidarios de la independencia y las autoridades españolas probablemente se intensificarán cuando tres antiguas autoridades catalanas, incluido el expresidente Artur Mas, sean juzgados por desobediencia criminal por organizar una votación ilegal en noviembre de 2014.
Mariano Rajoy dice estar dispuesto a negociar posibles cambios en la relación entre las administraciones nacional y catalana, pero no baraja la posibilidad de reformar la Constitución.
Por lo tanto, Madrid dice que no habrá referéndum, pero Barcelona insiste en que sí lo habrá, y su resultado será vinculante.
Joan María Piqué, jefe de comunicaciones internacionales del Gobierno de Cataluña, dice:
"Si el 50% de los ciudadanos vota a favor de la independencia, el resultado será legítimo, por lo que Madrid tendrá que preguntarse si está dispuesto a imponer sus leyes a la fuerza, o si permite que el pueblo catalán elija su futuro de forma pacífica y democrática".
La imagen de los tanques viajando hacia el norte a través del río Ebro pertenece a la trágica guerra civil de los años treinta. Pero ¿cómo reaccionaría Madrid si Cataluña acaba haciendo una declaración unilateral de independencia?
Cuando al ministro de Defensa hasta el pasado mes de noviembre, Pedro Morenes, se le preguntó cuál sería la reacción del ejército ante tal situación, este evitó dar una respuesta directa: "Si todo el mundo hace lo que está legalmente obligado a hacer, no será necesario".
¿Podría Cataluña simplemente separarse?
Al igual que otras regiones de España, Cataluña ya tiene el poder de administrar sus sistemas educativos y sanitarios, así como ciertos aspectos en materia fiscal. Sin embargo, los expertos en la Constitución dan pocas esperanzas a los partidarios de la independencia de Cataluña.
Javier García Roca, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, explica:
"Si el gobierno catalán no negocia la convocatoria de un referéndum con el Estado, su celebración no es legalmente posible, porque este poder pertenece el Estado central".
El Tribunal Constitucional está de acuerdo. Declaró ilegal la votación no oficial celebrada en noviembre de 2014, y ese fallo ha provocado que el expresidente catalán Mas y dos de sus ministros tengan que responder de sus actos ante un tribunal este año. Si acaba siendo declarado culpable, Mas podría verse excluido de los cargos públicos durante 10 años.
Rebeldía en los ayuntamientos
Muchas ciudades y pueblos catalanes se han adelantado y han declarado su independencia de manera simbólica, pero desafiante.
Un pintoresco pueblo pesquero de la Costa Brava, El Port de la Selva, se declaró "moralmente excluido" del orden constitucional español en julio de 2010. Anteriormente, el máximo tribunal español llegó a la conclusión de que varias partes del estatuto de autonomía catalana, aprobados por los parlamentos español y catalán, eran inconstitucionales.
El número de municipios rebeldes no ha dejado de crecer.
Según una estimación de una asociación a favor de la independencia, 787 de los 947 municipios y ayuntamientos de la región han declarado su apoyo a "la separación del Estado español".
Varios políticos locales y cientos de ayuntamientos están siendo investigados por delitos derivados de la desobediencia simbólica de las leyes españolas.
El Tribunal Constitucional también ha anulado varios intentos del parlamento catalán de votar "instrumentos de Estado" para una futura Cataluña independiente, incluyendo una agencia de impuestos y un departamento de seguridad social que formaría la base de un nuevo sistema de bienestar social.
También ha anulado leyes contra el fracking, la desigualdad de género y los bancos con casas vacías. En 2010 el tribunal provocó gran indignación al eliminar el estatus preferencial de la lengua catalana y anular una docena de artículos.
El portavoz catalán, Joan María Piqué, acusa al gobierno español de "ejercer violencia jurídica violando la independencia de los tribunales".
"La constitución establece el principio de unidad del Estado y la nación, que se describen como indivisibles", argumenta el profesor García Roca. "Se trata de un documento rígido y las posibilidades de interpretación y de ingeniería constitucional no son las mismas para Cataluña y para Escocia".
El juego de la gallina
Y sin embargo, gran parte de Cataluña cree que ya ha provocado lo que los círculos independentistas describen como una "disociación" del Estado español, respaldada por la mayoría del parlamento catalán y los ayuntamientos locales de la región.
Una encuesta reciente publicada por el diario El Periodico de Barcelona, que no respalda la independencia, sugiere que el 85% de los catalanes está a favor de celebrar un referéndum, que según todas las encuestas tendría un resultado muy ajustado.
Así que, mientras que el gobierno de Madrid insiste en que cualquier votación carecerá de validez legal, el juego político de la gallina continúa.
Los concejales catalanes que se niegan a reconocer las fiestas nacionales españolas, que retiran banderas, ignoran otros requisitos constitucionales, o queman imágenes del rey Felipe de España ya han recibido órdenes judiciales.
Mientras tanto, la tensión sigue aumentando.