El Gobierno celebró una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros el pasado sábado en el que se acordó la suspensión del Govern, entre otras medidas. Parece que las cosas están un poco más tranquilas ahora, pero solo lo parece. El viernes serán aprobadas en el Senado las medidas acordadas en el Consejo. ¿Qué pasará entonces? ¿Cómo reaccionará Puigdemont?
En el barrio gótico medieval de Barcelona, las multitudes de manifestantes que se apiñaban hacen tan solo unos días en las estrechas calles han desaparecido, sustituidas por los visitantes de las cafeterías y los turistas y compradores. Podría tratarse de cualquier domingo en una de las ciudades más encantadoras de Europa en la que los grupos de amigos hablan sobre política en los bares.
Sin embargo, estaríamos ignorando todo lo sucedido durante los últimos días: barricadas policiales, guardias frente al ayuntamiento y la sede de la Generalitat, esteladas ondeando desde las barandillas metálicas de los balcones, así como el hecho de que esta semana la lucha secesionista de Cataluña podría alcanzar su punto álgido.
Al igual que otras 16 regiones españolas, esta cuña triangular del noreste de España cuenta con su propio gobierno regional, aunque sus poderes de autogobierno son limitados. Cataluña protege celosamente su propia lengua, cultura y tradiciones, pero hasta ahora, aunque intentaba ampliar su control sobre sus propios asuntos cotidianos, la región parecía encontrarse inextricablemente ligada al resto de España.
Sin embargo, eso cambió el pasado 1 de octubre, cuando el violento referéndum proclamó la victoria del sí a la independencia. No obstante, la votación estuvo marcada por una participación de menos de la mitad del electorado y por las denuncias del Gobierno central, que dijo que el referéndum era totalmente ilegal.
¿Qué es lo que le espera a Cataluña?
Tras tres semanas de intercambios cada vez más duros, en los que el presidente catalán, Carles Puigdemont, no ha renunciado su reto independentista, se espera que el Senado español apruebe la petición del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de imponer un gobierno directo en Cataluña. Esa votación, prevista para el viernes 27, despojaría a los responsables regionales del control de la policía, los medios de comunicación públicos y las finanzas de la región.
Muchos consideran que lucha de la región por la independencia es un inevitable retroceso después de años de roce bajo el control del gobierno central.
El gobierno catalán se negó de nuevo el domingo a dar marcha atrás en su resto independentista, a pesar de que Madrid ha reprendido duramente a los líderes secesionistas y ha calificado de ilegal cualquier intento de separarse de España.
El furor independentista en la región más próspera de España ha provocado olas de choque en toda Europa, con gobiernos vecinos que temen que el enfrentamiento de Cataluña - la crisis constitucional más grave en las cuatro décadas de democracia - podría dar impulso al sentimiento separatista en otros lugares.
Los dirigentes de las dos regiones más ricas de Italia, Véneto y Lombardía, reclamaron ayer domingo la victoria en una votación no vinculante con el objetivo de darles una mayor libertad frente a Roma.
Los intercambios furiosos entre altos funcionarios de ambos lados se han convertido en algo normal.
El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, respondió ayer domingo en la BBC a las polémicas declaraciones de la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, quien dijo que los planes de España para imponer el gobierno directo en Cataluña son un "golpe de Estado”. Dastis replicó:
"Si alguien ha intentado un golpe de estado, es la Generalitat de Cataluña".
Jordi Turull, portavoz de la Generalitat, dijo ayer domingo que aunque el parlamento regional no ha votado una declaración formal de independencia, es algo que podría suceder. "Lo que Cataluña es será decidido por el parlamento legítimamente elegido por los ciudadanos", dijo en una entrevista con el RAC1, la principal emisora privada de radio en catalán.
España ha vuelto a advertir con firmeza contra cualquier nuevo movimiento secesionista. Dastis ha dicho que la imposición del régimen directo es un paso que Madrid se mostraba reticente a dar, pero ha insistido en que era necesario restablecer el orden.
"Vamos a regir los asuntos cotidianos de Cataluña según las leyes y normas catalanas", dijo a la BBC.
En un signo de lo que podría ser una estrategia gubernamental emergente, Dastis también ha cuestionado la veracidad de las imágenes de la policía involucrada en actos agresivos contra votantes durante el referéndum del 1 de octubre. Los partidarios de la independencia dijeron que cientos de personas resultaron heridas.
"Muchas de las fotos resultaron ser falsas", dijo el ministro de Relaciones Exteriores. "Si hubo algún uso de la fuerza, era limitado y su único objetivo era el cumplimiento de la ley".
La decisión de Rajoy de activar el artículo 155 de la Constitución lleva el litigio a un territorio desconocido. La disposición, que concede al Gobierno central amplias facultades en caso de infracción grave de la ley en cualquiera de las regiones semiautónomas españolas, nunca ha sido utilizado en el pasado.
La aprobación del Senado, que controla el partido de Rajoy, es casi segura, lo que significa que la aplicación administrativa podría suceder inmediatamente después. El Gobierno ha dicho que las medidas previstas en el artículo 155 abarcarían cuestiones como la seguridad, el orden público, la gestión de las finanzas, la fiscalidad, el presupuesto regional y los medios de comunicación públicos.
Puigdemont, en unas declaraciones del sábado, afirmó que las acciones previstas por Madrid son el ataque más grave a los fundamentos y principios de Cataluña desde la dictadura de Francisco Franco, fallecido en 1975 tras cuatro décadas de gobierno represivo.
En su intervención en la televisión catalana declaró que consultaría con el parlamento regional sobre cómo responder a "estos ataques a la democracia".
Todos, tanto en Cataluña como Madrid, temían graves consecuencias económicas. Cataluña representa una quinta parte de la economía española, y Barcelona es una ciudad mundial que atrae a millones de visitantes. Pero docenas de empresas están huyendo de la región, o preparándose para hacerlo, trasladando sus sedes a otras partes de España en previsión de posibles conflictos civiles y un limbo legal si la campaña de secesión sigue adelante.
En Madrid, la opinión popular está a favor del Gobierno.
"Es el Gobierno catalán el que ha decidido colocarse al margen de la ley, perjudicando la democracia", dijo Mario Perales, un funcionario de 46 años en Madrid. "El imperio de la ley tiene que ser impuesto".
Incluso en Barcelona, la capital catalana, el sentimiento independentista distaba mucho de ser unánime. Nouria Oliver, de 81 años, dijo que su barrio y Cataluña en su conjunto están divididos.
Su marido, que murió el año pasado, apoyó la independencia. Ella y su hijo no. La mujer, que es lo suficientemente mayor como para recordar vívidamente la dictadura franquista, celebró la semiautonomía que trajo la democracia española moderna.
Pero ahora teme que Cataluña se convierta en "una isla sin apoyo en Europa o en el mundo", y los políticos de izquierda y derecha se han desviado tanto de la lucha política que no están abordando problemas apremiantes como el desempleo y la corrupción política.
"Es una comedia, es una tragedia", dijo Oliver. "No sabemos qué pasará a continuación".