Cuando los ricos mueren, dejan una gran fortuna de la que se deben encargar sus herederos. Y en muchas ocasiones consiguen aumentar estas fortunas.
Imagínese cómo sería un país en el que todo el mundo pudiera asegurarse el voto en unas elecciones que tuvieran lugar después de su muerte. Si declaráramos nuestras preferencias en nuestro testamento, podríamos ejercer para siempre el voto hacia el candidato conservador, liberal, asiático o separatista blanco en todas las elecciones, y nuestro voto competiría con el de los vivos.
Imaginemos que se erige una estructura legal encaminada a ejercer los deseos de los muertos y que la ley amparara a estos aunque sus deseos entraran en conflicto con las necesidades de los vivos, o con el bienestar de las futuras generaciones.
Tenemos sólidas y abrumadoras razones éticas por la cuales rechazar una sociedad así. Creemos que la muerte conlleva la pérdida del derecho a influir en las instituciones políticas de los vivos.
Pero este tipo de claridad moral desaparece en cuanto pasamos de la política a la riqueza.
Hay una enorme industria dedicada a ejercer los deseos de los seres humanos tras su muerte. Mediante donaciones, asociaciones benéficas, fideicomisos dinastía y leyes de sucesiones, trillones de dólares de la economía americana, y muchas instituciones jurídicas a todos los niveles, son sometidos al cumplimiento de los deseos de ricos que han fallecido en el pasado. El Reino Unido no se queda muy atrás.
A medida que aumenta la desigualdad, los ricos de hoy en día reservan grandes cantidades de dinero de su economía futura para el cumplimiento de sus actuales deseos. La práctica está tan profundamente inculcada en la cultura de las instituciones de élite, y es un aspecto de la vida tan extendido, que solo se cuestiona si es justa o no en las revistas de tinte jurídico y filantrópico más extrañas.
En EE. UU. la clase adinerada continúa poseyendo y aumentado su riqueza después de morir, y el estado puede poner en práctica de muchas maneras los deseos de los fallecidos sobre en qué gastar el dinero. Por ejemplo, como condición en una herencia, se puede exigir que los nietos se casen dentro de una fe religiosa determinada, o que a una escuela se le ponga el nombre de esa persona, prohibiendo que este se cambie aunque la escuela entre en quiebra. También se puede garantizar a un individuo que su riqueza actual y futura esté liberada del pago de impuestos en un fideicomiso dinastía que lo exima, solo para sus descendientes, en el cual el dinero puede aumentar y estar libre de los acreedores de forma indefinida. Un tercer instrumento legal es la sociedad benéfica, en la que los fallecidos pueden guardar su riqueza actual y futura para algún fin específico que se considera “benéfico”, fines que actualmente son muy amplios e incluyen cualquier ámbito, desde el cuidado de cobayas abandonadas a la conservación del avión militar Huey.
Las instituciones sin ánimo de lucro como los hospitales, los museos y las universidades pueden ver grandes partidas de gastos afectadas por los deseos de los donantes fallecidos, como puede ser el caso de una cátedra para el estudio de la parapsicología, o que un cierto ala sea apartado para albergar a individuos relacionados con antepasados de la Confederación.
Pensándolo bien, estas prácticas son bastante desconcertantes. Las ideas sobre qué es lo correcto deben variar a medida que las condiciones en el mundo cambian. La financiación para la investigación del cáncer solo es buena en un mundo en el que existe el cáncer.
Conceder a los descendientes muy lejanos grandes cantidades de dinero solo es bueno si no son unos sociópatas. Además estamos otorgando un poder a personas que ya no están aquí para saber lo que pasa en el mundo, y que no pueden verse perjudicados ni beneficiarse nunca más de ningún gasto.
En realidad, la idea de que cuando fallece una persona esta pierde sus derechos de controlar el futuro, nos es familiar de acuerdo con nuestra ética moral, y esta idea se refleja en todo lo demás a nivel jurídico. El estado no prevé el deseo de que nuestro cónyuge no vuelva a contraer matrimonio. Aunque nos lo prometa en el lecho de muerte, no sería ilegal que rompiera esta promesa. Las empresas no tienen obligación de cumplir los deseos de sus fundadores fallecidos, aunque estos tuvieran firmes preferencias sobre el futuro de sus negocios. Este tipo de deseos póstumos tienen poco peso en nuestras decisiones sobre lo que debemos hacer en el presente, y en realidad no erigimos instituciones legales que ejecuten este tipo de preferencias.
Pero en lo que respecta a los deseos de los fallecidos en relación a su riqueza personal, les concedemos numerosos derechos. Y cuando empieza a aumentar la fortuna relacionada con la persona fallecida, la cantidad es asombrosa, llegando a trillones. El estado actual de desigualdad de riqueza unido a la práctica regular de honrar los deseos de los fallecidos, podría resultar en una economía en el futuro que refleje las preferencias de una aristocracia del pasado, en vez de las preferencias de la mayoría de los vivos. Al respetar los deseos de los muertos se puede incurrir en una grave injusticia económica entre generaciones.
La ironía de nuestras prácticas en el presente es que nosotros, los vivos, somos los culpables de sabotear nuestro propio bienestar. Los muertos ya no están aquí para quejarse si cambiamos estas prácticas; son nuestras instituciones, y, honestamente, no podemos culpar a los muertos por el daño que nos infligimos a nosotros mismos por tener una mala situación económica por causa de sus preferencias. No necesitamos sociedades vitalicias para incentivar el gasto dirigido a fines benéficos. Muchos filántropos de hoy en día, como Bill Gates, entienden que el mayor impacto provocado por acciones benéficas se consigue cuando el gasto se realiza en vida, que es el caso de la fundación The Giving Pledge.
De manera que ¿por qué seguimos otorgando a los muertos derechos eternos? Creo que honramos los deseos de los muertos por un sentido de deber moral equivocado, como en el caso de una promesa hecha a un ser querido en su lecho de muerte. Pero las promesas en el lecho de muerte no son incondicionales, eternas, ni deben satisfacerse a un serio coste para los vivos por intereses propios, económicos o morales. Por el contrario, se asemejan más bien a las promesas hechas a los vivos. Si prometemos a nuestro hijo un caramelo pero, sin ser responsables de ello, el único disponible debe adquirirse a un determinado vendedor, a costa de un serio problema ético, no es moralmente obligatorio cumplir esta promesa. Una promesa conlleva en sí misma un peso moral, pero no implica sobrepasarlo.
Otra razón de todo esto es nuestro propio deseo de que nuestros intereses y valores sean preservados por nuestros sucesores tras morir, por miedo a desaparecer del mundo sin legado ni influencia alguna. Este temor existencial es superado permitiendo a las instituciones que honren los derechos de los fallecidos con el fin de garantizar un lugar para nuestros deseos en el futuro. Pero es hora de reconocer la vanidad y el narcisismo de esta práctica y hacer lo que es realmente mejor para los vivos, que es dejar que ellos decidan por sí mismos.