Las agencias tienen que trabajar duro para poder asignar calificaciones.
David Einhorn, gestor de fondos de coberturas, vio que estaba llegando la crisis financiera e hizo una fortuna de ello. Pero no todas sus predicciones han sido acertadas. Cuando se le preguntó en 2012 por las agencias de calificación, que, al contrario que él, no habían podido percibir el inminente desastre, el Sr. Einhorn dijo: «Es cuestión de tiempo que todas desaparezcan».
Después de esto, las tres grandes agencias de calificación, Fitch, Moody’s y Standard and Poor’s (S&P), consideraron que Lehman Brothers era una apuesta segura hasta la mañana del día de su incumplimiento. También les dieron altas calificaciones a los valores basados en préstamos hipotecarios de alto riesgo que resultaron ser tóxicos. «Terriblemente decepcionante», fue cómo Ray McDaniel, el jefe de Moody’s, describió su comportamiento.
Como respuesta, los políticos prometieron cambiar el sector hasta hacerlo irreconocible. Estos encargaron el trabajo de regularlas a nuevos equipos: una unidad especial de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) en Norteamérica y la Autoridad Europea de Valores y Mercados en la Unión Europea. Una cláusula de la ley de la reforma financiera norteamericana Dodd-Frank, aprobada en 2010, establece que se deberían eliminar todos los requisitos de la regulación para calificar un valor. Para asegurarse, el Departamento de Justicia norteamericano empezó a investigar a S&P por fraude, afirmando que esta había desvirtuado sus calificaciones de forma deliberada para conseguir una mayor clientela.
¿El resultado? Las agencias de calificación están prosperando. La demanda ha sido tanta, según el bróker Bill Bird de FBR Capital Markets, que han podido aumentar sus precios en aproximadamente un 4 % al año desde 2010. Sus ingresos han alcanzado máximos. Las acciones de Moody’s, la única agencia independiente, han aumentado en más de 6 veces desde 2009. Al parecer, su junta no estaba tan decepcionada por su débil comportamiento durante la crisis: dejaron al Sr. McDaniel en su puesto y le pagaron 14 millones de dólares el año pasado. S&P llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia en febrero, pagando 1400 mil millones de dólares pero sin admitir delito alguno.
El mayor incremento para el negocio ha venido de unas tasas de interés realmente bajas, que han provocado un aumento de la emisión de bonos. Tratar de vender un bono sin calificar sigue siendo bastante difícil, dice el Sr. Bird; revenderlo es todavía peor. Esto ocurre porque los inversores no pueden confiar en tasar la solvencia de los cientos de miles de bonos que hay en circulación: a finales de 2013, S&P tenía calificaciones en 1,1 millones de emisiones, Moody’s en 900.000. Muchos grandes inversores, como CalPERS, un inmenso fondo de pensiones público, no permiten que estos controlen su dinero para invertir en valores sin calificación.
También se ha comprobado que es difícil eliminar mandatos legales para calificar valores. La SEC, por su parte, todavía estipula las calificaciones que los activos retenidos por los fondos del mercado monetario deberían tener, a pesar de que la Dodd-Franks exija lo contrario. Esta ha propuesto cambiar esa norma para hacer que el uso de las calificaciones sea voluntario, pero de forma tal que implique que los fondos que regula sigan dependiendo de estas. De la misma manera, el Comité de Basilea, un equipo internacional de reguladores que establece normas globales para bancos, todavía usa calificaciones para juzgar la calidad de sus valores.
Las tres grandes agencias, a pesar de su pésimo récord en la crisis, han mantenido un control casi total en el mercado (ver el gráfico). Unas cuantas empresas más pequeñas resultan competitivas en determinados nichos, como A.M. Best, para calificaciones de empresas de seguros, y Kroll para calificaciones de títulos con garantía hipotecaria comercial. Pero en los bonos de empresa, las tres grandes tienen una participación en el mercado de más del 90%.
La fuerte regulación de las agencias de calificación parece ser parte del problema. Lejos de afectar a las perspectivas de los titulares, las normas parecen protegerlos de la competencia. Para hacer nuevas calificaciones, una empresa tiene que tener el título de «organización de calificación estadística reconocida a nivel nacional» (NRSRO), un proceso al que se han enfrentado los numerosos nuevos rivales potenciales de las tres grandes. Por ejemplo, desde 2011, la SEC ha estado revisando la aplicación de R & R Consulting, una empresa creada por dos antiguos empleados de grandes agencias.
En lugar de tratar de cambiar calificaciones tan poco frecuentes como posibles, el enfoque convencional, R&R las ajusta constantemente como respuesta a los nuevos datos económicos, cambia las tasas de interés y el comportamiento de los activos subyacentes. Esta innovación ha sido popular entre los clientes y ha atraído el interés de países tan lejanos como China. Pero parece que esto ha desconcertado a la SEC, dice Ann Rutledge, una de los socios fundadores. Otro problema es el coste de convertirse en NRSRO, lo que implica documentar de forma exhaustiva la metodología que hay detrás de cada calificación y asegurar que el equipo comercial no ha influido en el trabajo de los analistas. La actividad de algunos empleados debe tener un seguimiento incluso después de haber dejado la empresa. Estos complicados procedimientos favorecen a los titulares, que pueden dividir el coste del cumplimiento entre un mayor número de clientes.
Según James Gellert, el jefe de RapidRatings, cualquier nueva agencia con apenas 50 empleados que se convirtiera en NRSRO duplicaría sus costes operativos. No obstante, RapidRatings ha obtenido nueva clientela de empresas y compañías de inversión investigando la solvencia de los homólogos gracias a sus técnicas innovadoras. Esta restringe 73 ratios por cada valor que cubre, ajustándose a 24 modelos industriales, para calcular una calificación. Las actualizaciones se generan de forma automática cuando se revela nueva información financiera.
Muchos clientes de RapidRatings la usan precisamente porque no es una NRSRO, dice el Sr. Gellert, y por eso no está obligada por el anquilosado sistema al que está vinculada. Ni siquiera es complicado solicitar el título, lo que significa que sus calificaciones no se pueden usar como fondos del mercado monetario o bancos, y no se considera conforme a la ley ante inversores como CalPERS. Este no puede ser el resultado que los encargados de regular el sector financiero esperaban cuando soñaban con cambiar la industria hasta hacerla irreconocible.