Los gobiernos prefieren los combustibles fósiles a los colegios y hospitales.
Los precios de la energía llevan disminuyendo un año. Durante el último mes esta tendencia se ha acentuado. El 24 de julio el precio del barril de petróleo en Estados Unidos alcanzó un mínimo de 48 dólares. A pesar de esto, los gobiernos siguen derrochando dinero en subvenciones para mantener la producción. Los combustibles fósiles reciben ayudas de 550 mil millones de dólares de forma anual según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), organización que representa a los países consumidores de petróleo y gas, lo que representa cuatro veces más de lo que reciben las energías renovables. Los cálculos del Fondo Monetario Internacional son más elevados.
Según indicó la institución en mayo, los países gastarán 5,3 billones de dólares para subvencionar el petróleo, gas y carbón en 2015, en comparación con 2 billones en 2011. Esto equivale a un 6,5% del PIB total, una cantidad más elevada que lo que los gobiernos de todo el mundo destinan a sanidad. Ahora que estamos en un periodo en el que los precios de la energía están bajos y los gobiernos tienen que hacer frente a una gran deuda, además de la preocupación que existe por las emisiones de dióxido de carbono, no se comprenden las razones que justifican este tipo de gastos.
Entonces, ¿por qué el mundo es adicto a las subvenciones para la energía?
Los gobiernos han ideado diferentes formas de aportar subvenciones a los combustibles fósiles. La mayoría de los estudios analizan las subvenciones al «consumo», más que apoyar o establecer recortes tributarios para productores. Las medidas tradicionales «antes de impuestos» mantienen los precios por debajo de los costes de abastecimiento para los que llenan el depósito o encienden las luces, y son populares especialmente en los países en desarrollo.
En los países que son grandes productores de petróleo como Nigeria y Venezuela, la población pobre considera que los precios bajos del petróleo son de los pocos beneficios que tiene el contar con importantes recursos naturales. Los países ricos también subvencionan. El FMI dice que EE. UU. es el segundo gran culpable, ya que ha gastado 669 mil millones de dólares este año, sobre todo en sistemas después de impuestos que no consiguen incluir el coste del daño medioambiental en los precios.
Esto supone un problema, ya que se desperdician recursos fiscales y no beneficia casi nada a los pobres, ya que los ricos son los que más conducen y consumen energía. La AIE cree que solo un 8% de las subvenciones beneficia a la quinta parte de la población más pobre.
Este dinero podría destinarse a carreteras, hospitales y escuelas. Las estrategias también son un tanto sospechosas. En Nigeria se desvían miles de millones de dólares para financiar la importación de petróleo, lo que deja a gran parte de la población con carencias de artículos de primera necesidad. Los ecologistas defienden que el apoyo a los combustibles fósiles frena el desarrollo de la energía limpia y favorece la contaminación atmosférica y el cambio climático. Según los cálculos del FMI, si las subvenciones se eliminaran, las emisiones de dióxido de carbono a nivel mundial disminuirían un 20% y los ingresos de los gobiernos aumentarían en 2,9 billones de dólares, es decir, un 3,6% del PIB.
La mayoría de los países consideran que esto no es sostenible, pero eliminar las subvenciones sería una medida bastante polémica. Nigeria, por ejemplo, canceló las medidas adoptadas en 2012 después de las protestas violentas que se produjeron. No obstante, se han producido importantes mejoras. Los bajos precios del petróleo han permitido recientemente a muchos países como Indonesia, India, Malasia y México cambiar sus políticas sin grandes subidas de precios. Otros simplemente han destinado menos dinero a subvenciones ahora que el petróleo está más barato.
Las cifras globales del FMI eclipsan esta situación, ya que los costes medioambientales no incluidos en los impuestos están aumentando. Si descontamos esto, los países destinarán 330 mil millones de dólares a cerrar la brecha entre los precios «reales» y lo que los consumidores pagan este año, que ha pasado a 500 mil millones de dólares en 2014. La AIE, que no tiene en cuenta los costes medioambientales, cree que las subvenciones llevan bajando desde 2013. La verdadera prueba vendrá cuando los precios del petróleo empiecen a subir y se pida que se mantengan los precios bajos de nuevo.