Los miembros del G-20 van a presentar nuevas medidas fiscales para evitar que las empresas evadan impuestos en países como Malta o Chipre.
Se supone que cerca de 50 gobiernos llegarán a un acuerdo este otoño sobre un nuevo conjunto de reglas para poner freno a la evasión fiscal entre las empresas multinacionales. Sin embargo, no queda claro si lo conseguirán.
Si las normas funcionan como está previsto, estas contribuirán a obligar a las grandes empresas a pagar impuestos sobre los beneficios en el lugar donde se generaron, lo que aumentará los ingresos de los gobiernos, especialmente en los países más grandes. Los defensores dicen que estas normas más estrictas establecerán una competencia más justa entre las pequeñas y grandes empresas, ya que estas últimas se muestran en situación de ventaja al estar en mejores condiciones para evitar pagar estos impuestos.
Mucho menos cierto es saber en qué medida se aplicarán las nuevas normas, y si realmente contribuirán a aumentar los ingresos de los gobiernos. Tampoco está claro si EE. UU. podrá superar la oposición del Congreso, donde los críticos cuestionan el derecho del Departamento de Hacienda a la hora de aplicar normas internacionales que no están reflejadas en la legislación estadounidense.
Esta iniciativa internacional se inició en 2012, cuando los gobiernos luchaban por contener el aumento del déficit de gasto que siguió a la crisis financiera y a la recesión mundial.
En medio de un aumento del nivel de déficit, salió a la luz una serie de revelaciones sobre la evasión fiscal a gran escala por parte de grandes empresas, y las autoridades pusieron toda su atención en los miles de tratados fiscales que datan de los años 20.
Estos tratados se elaboraron inicialmente para evitar la doble imposición sobre los beneficios empresariales. Con el tiempo se convirtieron en un campo de juego para las empresas dedicadas a lo que a la gente que trabaja con asuntos fiscales denomina «erosión de la base» o «transferencia de beneficios», un término técnico para denominar la acción de transferir los beneficios a las jurisdicciones con los impuestos más bajos.
El nuevo libro de normas, elaborado bajo la dirección de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, con sede en París, se presentará en octubre a los ministros de finanzas del Grupo de las 20 mayores economías. Con la aprobación de todos, se someterá a una revisión final por parte de los Jefes de Estado del G-20 en noviembre.
El principio que subyace a las nuevas normas es que los beneficios deben ser gravados en el lugar en el que se generan, en lugar de en los que tienen la tasa impositiva más baja.
«La planificación fiscal continuará, pero estamos cerrando las grandes avenidas», dijo Pascal Saint-Amans, director del Centro de la OCDE para la Política y Administración Tributaria, que ha supervisado el proyecto BEPS.
No será nada fácil
Identificar exactamente el lugar donde se generan los beneficios es difícil, y mucho más ahora que las cadenas de suministro se han vuelto más globales. Un producto que termina en un estante en Alemania o en EE. UU. puede contener componentes fabricados en una docena de países, e incluyen la propiedad intelectual de todo lo relacionado con patentes, licencias y otras marcas. Esos activos intangibles pueden a su vez ser creados prácticamente en cualquier lugar, incluso en una pequeña oficina de una jurisdicción sometida a una baja carga impositiva.
Por lo tanto, los que participan en el proyecto BEPS creen que su principal logro consiste en obligar a las empresas a declarar la cantidad de ingresos, los beneficios y los impuestos pagados en cada país, así como el empleo total, el capital y los activos utilizados en cada lugar. Eso permitiría a las autoridades recaudadoras de impuestos tener una idea más clara de la cantidad de beneficios que se generan en cada etapa del proceso de producción.
Además de los costes que esto implica, la elaboración de informes por país ha generado cierta preocupación entre las empresas multinacionales, al pensar que esta información podría filtrarse y llegar a las manos equivocadas.
El presidente del Comité de Finanzas del Senado Orrin Hatch (R, Utah) y el presidente del Comité de Medios y Arbitrios Paul Ryan (R., Wis.) se han unido para mostrar su desacuerdo. Los beneficios de proporcionar la información corporativa más delicada a otros países quedan «poco claros», escribieron en una carta el mes pasado al secretario de Hacienda estadounidense, Jacob Lew.
Los observadores de las negociaciones dicen que los esfuerzos por enmendar las nuevas normas por parte de los legisladores de todo el mundo retrasaría su aplicación, lo que amenaza a su vez con convertir el proceso en algo menos integral y coherente de lo que se pretendía.
Francesca Lagerberg, experta fiscal internacional de la firma de negocios y servicios Grant Thornton, dijo:
«La sensación general es que la gente no está segura de cuántos gobiernos clave están dispuestos a llevarlas a la práctica. Muchos países se fijarán en lo que hace EE. UU. para ver su grado de compromiso».
En la OCDE, Saint-Amans dijo que el objetivo no es armonizar las normas fiscales, sino establecer normas internacionales que «tengan una influencia real». No es esencial que todos los gobiernos que apoyen los nuevos estándares logren implementarlos.
«La manera en la que se ha diseñado todo esto es que si hay un país que se niega, los otros podrán proteger sus bases fiscales», declaró.
La otra gran incógnita acerca de las nuevas normas es la cantidad de ingresos adicionales que supondría.
La OCDE tiene previsto proporcionar una estimación de la magnitud de la evasión fiscal mundial el 5 de octubre. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo concluyó en junio que las empresas evitan el pago de 200 mil millones de dólares al año en impuestos al canalizar sus inversiones en el extranjero a través de centros financieros situados en paraísos fiscales. Los economistas del Fondo Monetario Internacional estimaron en mayo que los ingresos fiscales perdidos equivalían al 0,6% del PIB de las economías desarrolladas y al 1,75% del PIB de las economías en desarrollo.
Esas sumas representan una cantidad lo suficientemente grande como para dar a los gobiernos un incentivo para poner freno a la evasión fiscal. Lo que queda por ver es si serán capaces de llevarlo a cabo.