Los gobiernos han empezado a invertir en criptomonedas y se ha permitido a los bancos no poseer más del 2% de su capital en activos digitales, pero sigue habiendo peticiones para prohibirlas.
Recientemente, Jamie Dimon, de JPMorgan, declaró que si él estuviera en el lugar del Gobierno, prohibiría todas las monedas digitales por ayudar a los defraudadores y a los terroristas.
¿Hasta qué punto está limpio el sector de los activos digitales?
Si esta pregunta se hiciera hace 5 años (en la época del boom de las ICO) la respuesta sería que el sector está lleno de fraudes, actividades ilegales, etc.
Sin embargo, desde que la SEC decidió ensuciarse las manos con todo lo que está pasando con los activos digitales, muchas cosas han cambiado.
De hecho, las criptomonedas siguen siendo populares entre los piratas informáticos y otras personas sin escrúpulos por su relativo anonimato, privacidad y rapidez de transacción.
Pero con una mayor vigilancia por parte de los reguladores, el número de todas las transacciones relacionadas con actividades ilegales ha bajado a menos del 1%.
Prohibir todas las criptomonedas porque las utilizan los delincuentes no tiene mucho sentido entonces.
En primer lugar, su cuota es muy baja y, en segundo lugar, ¿por qué no hemos prohibido los bancos que han estado implicados en el blanqueo de dinero durante las dos últimas décadas?
La razón más básica sería que el bitcoin, al igual que las altcoins, representa una amenaza para la soberanía financiera del país. ¿Cómo puede alguien utilizar algo que no sean dólares?
¿Qué impide a los reguladores prohibir todos los activos digitales?
Técnicamente es imposible hacerlo, ya que ni los bancos centrales ni las agencias del tipo SEC tienen poder para cambiar el código de un blockchain en funcionamiento.
Pekín, por ejemplo, prohibió la compra de bitcoins, pero los chinos siguen siendo uno de los mayores compradores de la moneda. La gente siempre encontrará formas de evitarlo.
Por eso, los gobiernos han pasado de hablar de prohibición a regulación. Para facilitar las cosas, pueden incluso acelerar la integración de la criptomoneda en el sistema financiero.
Una de las herramientas en este sentido es aprobar los llamados ETFs de bitcoin al contado, fondos cotizados en bolsa que incluyen solo BTC. Y luego podrían hacer algo similar para el ETH.
La ventaja del Gobierno al aprobar los ETFs de bitcoin es canalizar hacia el vector regulador a los inversores que quieren entrar en la criptomoneda pero aún no lo han hecho.
Además, esto significa también una fiscalidad transparente.
Y lo que es más importante, el Gobierno tendrá acceso a un sistema transparente de transacciones con identificación personal. En resumen, todo estará al alcance del regulador.
Y a medida que el sector se regule, disminuirá el atractivo de los activos digitales para los elementos delictivos. Lo mismo puede decirse de las stablecoins como el USDT.