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A pesar de que la economía española es la cuarta más importante de la UE, el SMI de España es sólo el noveno más elevado entre los 22 países miembros.

Insuficiente, impresentable, una burla. Así de contundentes han sido los sindicatos a la hora de calificar la decisión unilateral del Gobierno de Mariano Rajoy de subir un 1% el salario mínimo interprofesional (SMI) para 2016. Tras informar por carta la semana pasada a UGT y CC OO, que rechazan tajantemente la medida, el Ejecutivo aprobó este martes en el último Consejo de Ministros del año elevar el SMI desde los 648,60 euros mensuales (757 si se prorratean las 14 pagas) a 655,20 euros.

El aumento, que se traducirá a partir de enero en menos de siete euros mensuales, sigue dejando a España bastante alejada de los principales países europeos respecto a la cuantía de su SMI, muy lejos de los 1.508 euros mensuales de Holanda o los 1.458 de Francia. En concreto, España, cuarta economía de la Unión Europea y una de las que más crece de la eurozona (un 0,8% en el último trimestre), ocupa la novena posición entre los 22 países de la UE (28) que tienen fijado por ley un salario mínimo.

Por delante tiene a Luxemburgo (1.922), Reino Unido (1509), Holanda (1.508), Bélgica (1.502), Alemania (1.473), Irlanda (1.462) y Francia (1.458). Esos son lo siete estados de la UE que cuentan con un salario mínimo superior a 1.000 euros. España forma parte de un segundo bloque, cuyos SMI oscilan entre los 500 y los 1.000 euros, y en el que la acompañan Eslovenia (791), Malta (720), Grecia (684) y Portugal (589).

En un tercer bloque están aquellos países con salarios inferiores a 500 euros, como Polonia (418), Croacia (399), Estonia (390), Eslovaquia (380), Letonia (360), República Checa (338), Hungría (33), Lituania (325), Rumanía (235) y Bulgaria (194). Los datos, que son de Eurostat, incluyen 14 pagas que prorratea mensualmente, lo que deja a España con un SMI de 757 euros al mes.

El incremento aprobado este martes, que según el Ejecutivo responde a la mejora de las condiciones generales de la economía, queda igualmente muy lejos del objetivo del 60% del salario medio que señala la Carta Social Europea (14 pagas de en torno a 973 euros, teniendo en cuenta en 2013 –últimos datos disponibles del INE– la ganancia media anual por trabajador fue de 22.697,86 euros).

«Es una agresión a las personas asalariadas con menos ingresos», aseguran desde los sindicatos, que recuerdan que en los últimos cinco años el SMI ha perdido un poder adquisitivo de 4,1 puntos.

Tras subir ininterrumpidamente hasta 2011, último año del Gobierno socialista (641,4 euros), la crisis truncó la tendencia alcista en 2012, cuando quedó congelado, al igual que en 2014. Solo se subió un 0.6% en 2013 y un 0,5% en 2015. En total, solo ha subido el 1,12% desde el 2011, y lo cobran el 34% de los asalariados de este país, según datos de la Agencia Tributaria.

Pese a que el Gobierno insiste en que la decisión ha sido consultada con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, tanto UGT como CC OO denuncian que la consulta se ha limitado a la remisión de un correo electrónico en la víspera de Nochebuena. Se trata, a su juicio, de una decisión «unilateral» que vulnera lo establecido en la normativa legal. Señalan, además, que el 1% está por debajo de la recomendación del 1,5% para el 2016 prevista en el acuerdo sobre negociación colectiva firmado por los sindicatos y la patronal en junio pasado. Según la propuesta sindical remitida al Ejecutivo el pasado 2 de noviembre, el salario mínimo se debería incrementar un 11% en enero de 2016 para llegar a 720 euros al mes, en 14 pagas; y otro 11% en enero de 2017 al objeto de alcanzar los 800.

Antes de que el Gobierno aprobase la medida, UGT y CC OO anunciaron que, de seguir adelante, presentarían una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo «por vulnerar los derechos laborales». La patronal, por su parte, considera que la subida es «correcta» y que está «en los parámetros del acuerdo alcanzado en junio».

Las pensiones de funcionarios y militares suben un 0,25%

El Consejo de Ministros ha aprobado también este martes un real decreto que establece la revalorización del 0,25 % de las pensiones de las clases pasivas (funcionarios públicos civiles y militares) y que supondrá un desembolso en torno a 32,6 millones de euros. Según consta en la referencia del consejo, las medidas contempladas en el real decreto aprobado afectan a 615.000 pensiones gestionadas por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

El real decreto incluye la actualización establecida en los presupuestos para las ayudas sociales que el Estado reconoce en favor de determinadas personas que resultaron contaminadas en el sistema sanitario público por el Viru de Inmunodeficiencia Humana (VIH). Esta actualización consiste en la fijación del importe de 611,70 euros como nivel de referencia para la determinación de la cuantía de las ayudas.

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