Primera jornada del juicio por el caso Nóos

Ayer arrancaba la vista por el caso Nóos, la trama de corrupción presuntamente liderada por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, y en el que la infanta está acusada de dos delitos fiscales en grado de cooperación.

A las 9:17 del lunes 11 de enero de 2016, Cristina de Borbón y Grecia se ha convertido en el primer miembro de la familia real española que asiste a un juicio en condición de acusado. Justo entonces arrancaba la vista por el caso Nóos, la trama de corrupción presuntamente liderada por su marido, Iñaki Urdangarin, y su socio Diego Torres, y en el que la infanta está acusada de dos delitos fiscales en grado de cooperación.

Desde ese preciso momento, y hasta el próximo 30 de junio, el tribunal irá formando su criterio sobre las distintas responsabilidades de los acusados, mientras los ciudadanos reciben información inédita con la que juzgar el papel de los borbones en el sistema de monarquía parlamentaria que sucedió a la dictadura.

Con el envoltorio del lenguaje jurídico, extraño tras los muros de cualquier tribunal, este lunes se reprodujeron en la sala que alberga el juicio los dos argumentos que se enfrentan para dejar en el banquillo a la infanta Cristina hasta el final de la vista, dentro de seis meses, o alejarla de él para siempre.

Anticorrupción y la Abogacía del Estado, esta en representación de Hacienda, expusieron que el Tribunal Supremo no deja ni un resquicio a la interpretación de su doctrina Botín: si la Fiscalía no acusa, y tampoco el perjudicado directo –la Agencia Tributaria-, la acusación popular no está facultada para ello. Solo quedaría, por tanto, el archivo de la causa para la hija del rey. Hacer lo contrario, alegaron, supondría romper el principio de igualdad entre los ciudadanos.

Abogada del Estado y fiscal coincidieron en que el único legitimado para acusar a la infanta es la Agencia Tributaria. Enfrente, Manos Limpias, el sindicato que ejerce la acusación popular en el proceso. Para su abogada, Virginia López Negrete, el Supremo se corrigió a sí mismo a los tres años de dictar la doctrina Botín y estableció que, si no hay perjudicado directo, la acusación popular puede sentar en el banquillo. «La doctrina Atutxa modifica y reinterpreta la Botín, que se hizo para retorcer en privilegio del gran banquero», aseguró la letrada.

La trascendencia del momento apenas contó con adornos. La expectación mediática ha obligado al Poder Judicial a buscar un emplazamiento amplio, la Escuela Balear de la Administración Pública, situada en un polígono industrial a las afueras de Palma de Mallorca.

A su puerta llegó un coche a las 8:10 del que descendieron los que una vez ostentaron el título de duques de la ciudad. Acababa de amanecer. Acaso la hora y la ubicación habían hecho desistir a los otrora ruidosos manifestantes republicanos. Serios, con el único ruido de fondo de los flashes, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarin accedieron al edificio sin atender el reclamo de los informadores.

A un extremo de la tercera y última fila de sillas donde se sientan los acusados se sentaba Cristina de Borbón, sin hablar con otros procesados, apenas sin gesticular. Como el resto, escuchó los delitos y penas que se solicitan contra ella. Ninguno en el caso de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. Ocho años de prisión y 2 años de multa por parte de Manos Limpias.

En el otro extremo de esa misma fila, Iñaki Urdangarin. Para sorpresa de quién ha seguido la estrategia de defensa de su exsocio –difusión masiva de correos electrónicos personales, algunos comprometedores para la estabilidad del matrimonio de la infanta-, Urdangarin intercambió unas palabras con Diego Torres. La infanta se mantuvo erguida en su asiento durante toda la sesión, con las manos recogidas entre las piernas, sin apenas gestualizar.

Las cuestiones previas son habitualmente el momento más tedioso de un juicio para quien busca aseveraciones deslumbrantes. A pesar de la excepcionalidad del juicio del caso Nóos, apenas el fiscal Pedro Horrach y el abogado de la infanta, Jesús María Silva, se prestaron a ello.

El representante del Ministerio Público citó al presidente de la II República, Manuel Azaña, en su alegato a favor de archivar el juicio a la hermana del rey y citó en su discurso las palabras «paz, piedad y perdón» que Azaña pronunció en el segundo aniversario de la Guerra Civil española.

Resultó inevitable recordar el duro enfrentamiento de Horrach con el juez José Castro en varios capítulos de su intervención. Como cuando aseguró:

La alusión a la campaña del Ministerio estaba incluida en el auto de apertura de juicio oral del juez, en el que Castro enviaba a la infanta al banquillo al considerar que la acusación popular representa a los ciudadanos perjudicados por el comportamiento fiscal de Cristina de Borbón. «”Hacienda somos todos’ es para el ámbito en el que nació, el de la publicidad, no el judicial”», remachó al respecto la abogada del Estado, Dolores Ripoll, durante su intervención.

Estas fueron las palabras con las que finalizó Horrach: «Espero que devuelvan la justicia al lugar que le corresponde, porque las apariencias son solo poses y el proceso penal no está para discutir sobre patinas, fachadas o pelajes».

La doctrina Botín nace del fallo por el caso de las «cesiones de crédito». La abogada de Manos Limpias afirmó en su turno que no es aplicable en este caso porque entonces la Fiscalía no apreciaba delito en Emilio Botín. En el caso Nöos, sin embargo, tanto el Ministerio Público como la Abogacía del Estado, consideran probado que Iñaki Urdangarin cometió dos delitos fiscales a través de la sociedad Aizoon, que compartía al 50% con su mujer.

«¿Qué ocurre, que la Agencia Tributaria se sienta solo perjudicada por el autor del delito (Urdangarin) y no por el cooperador (la infanta)?», se ha preguntado López Negrete. La abogada también ha puesto de manifiesto que Fiscalía y Abogacía del Estado se haya empleado en defender a la infanta con contundencia y no lo haya hecho en el caso de otros acusados que también lo son, únicamente, por Manos Limpias. La abogada del Estado se preguntó por qué Manos Limpias solo ejerce la acusación popular en este caso y no en los otros 247 abiertos solo en Baleares.

Antes que ellos había intervenido Jesús María Silva Sánchez, abogado de la infanta al que acompañaba en la sala Miquel Roca. Juzgar a la infanta constituiría, dijo Silva, «la peor pesadilla para juristas muy importantes que han marcado nuestra historia procesal penal», entre los que citó a Emilio Gómez Orbaneja.

No se trata únicamente de la doctrina Botín sino de un fallo posterior del Supremo que la consolida, argumento la defensa de Cristina de Borbón. Se trata de la sentencia 8/2010 que recoge que cuando «por la peculiar naturaleza colectiva de los bienes jurídicos no existe la posibilidad de personación de un acusador particular», esta no puede ser sustituida por la acusación popular.

A las 15:00 horas, el tribunal decretó un receso para la comida, hasta las 16:30. Urdangarin y Cristina de Borbón no abandonaron el edificio.