Las grandes empresas tendrían que divulgar públicamente sus datos fiscales y financieros en virtud de las propuestas presentadas el martes por la Comisión Europea, en un esfuerzo por eliminar la ingeniería fiscal que cuesta a la Unión Europea miles de millones de euros en ingresos perdidos en impuestos.
La propuesta del Ejecutivo de la UE forma parte de un plan más amplio para luchar contra la evasión fiscal lanzado tras el escándalo LuxLeaks en 2014, que expuso acuerdos de multinacionales con autoridades de la UE para reducir sus facturas fiscales.
"Utilizando complicadas tácticas fiscales, algunas multinacionales pueden pagar casi un tercio menos de impuestos que las empresas que sólo operan en un país", dijo el comisario europeo de Servicios Financieros, Jonathan Hill, en un comunicado. "Nuestra propuesta de incrementar la transparencia ayudará a que las empresas sean más responsables".
Un estudio del Parlamento Europeo mostró que la evasión fiscal corporativa cuesta a los países de la UE entre 50.000 y 70.000 millones de euros en ingresos perdidos cada año. La Comisión había previsto inicialmente imponer la publicación de los datos sólo para las actividades de las empresas en cada uno de los 28 estados de la UE.
Pero presionada tras las recientes filtraciones de los "papeles de Panamá", hizo un cambio de última hora a su propuesta, exigiendo a las sociedades revelar datos fiscales también en jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales - aunque los estados de la UE nunca se han puesto de acuerdo sobre una lista común de paraísos fiscales.
Las operaciones corporativas en el resto del mundo tendrán que ser divulgadas como un único elemento.
El plan afecta sólo a las empresas con una facturación anual de al menos 750 millones de euros y con actividades en la UE. Las empresas no pertenecientes a la UE también tendrán que publicar un informe de impuestos si tienen una filial en un país de la UE. Los datos que se hagan públicos país por país incluyen impuestos pagados e importes devengados, beneficios, facturación, ingresos y número de empleados.
Los países de la UE y el Parlamento deben aprobar las propuestas de la Comisión para que se conviertan en ley.