Con los partidos enrocados en sus posiciones y sus líderes marcando infranqueables líneas rojas para llegar a cualquier acuerdo de Gobierno, la posibilidad de empujar a la ciudadanía a las urnas el próximo 26 de junio, por segunda vez en seis meses, es una posibilidad cada vez más real.
El ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, pidió el lunes "un gran acuerdo" para acortar la campaña mediante algún "instrumento legal" y no dar "tanto la lata" a la ciudadanía. Pero más allá del voluntarismo político, está el procedimiento.Y sería necesario reformar la Ley electoral para adelantar elecciones (deben celebrarse el día 54 posterior a la convocatoria), para acortar la campaña (la ley fija 15 días de duración) o para reducir la subvención a los partidos.
Cambiar una ley orgánica con un Gobierno en funciones es complicado, así que surgen propuestas alternativas. UPN quiere reducir las subvenciones a los partidos. El PSOE apoyaría recortar las ayudas para el envío de propaganda electoral; pero su líder, Pedro Sánchez, no ve bien acortar los 15 días de campaña. "Sería hurtar el debate público a los ciudadanos", dice el líder socialista, que coincide en este aspecto con Albert Rivera: "Si es reducir costes, nos apuntamos. Pero los debates son gratis", considera el candidato de Ciudadanos.
El gasto en el que incurrió el Estado en la última jornada electoral fue de 130,24 millones y se desglosaba en estas partidas:
- Logística electoral (12,6 millones): es el gasto incurrido por el despliegue de 57.486 mesas, 210.000 urnas, 58.000 cabinas, 66,8 millones de sobres, 400 millones de papeletas y 870.700 manuales de instrucciones en los 22.951 locales electorales repartidos por todo el territorio español. Los 172.458 miembros de las mesas (entre ellos los presidentes y vocales), percibieron además una dieta de 62,61 euros por persona.
- Administraciones Públicas (55,1 millones): el coste incluye el despliegue de 28.000 policías nacionales, más de 44.000 guardias civiles y unos 13.000 municipales, una cifra más lata de lo normal por el estado de alerta antiterrorista en nivel 4, en el que todavía se encuentra España. También las campañas institucionales en prensa, radio y televisión para dar a conocer los comicios y promover la participación entre los electorales.
- Operador Postal (48 millones), incluye el gasto de la gestión del voto por parte de Correos y Telégrafos.
- Telecomunicaciones (12,8 millones): el presupuesto corresponde a la contratación de los sistemas informáticos para la difusión del escrutinio y la gestión tecnológica de la jornada.
- Otros e imprevistos (1,67 millones).
La gestión de la jornada electoral no es el único gasto en el que incurre el Estado. Las administraciones subvencionan además a los partidos en función de sus resultados, con el objetivo de sufragar su propaganda electoral, el alquiler de locales para mítines, los desplazamientos de los políticos en campaña... e incluso los intereses de los créditos pedidos para sufragarla.
Según estipula la Ley electoral, el Estado realiza dos tipos de subvenciones a los partidos: la primera, 21.167,64 euros por cada escaño tanto en el Congreso como en el Senado; y segundo, a los grupos con representación se les paga 0,81 euros por cada voto obtenido en el Congreso y 0,32 euros por cada voto en el Senado, siempre que se haya logrado representación en cada cámara.
Es decir, sumando las subvenciones y el coste de la jornada electoral, repetir las elecciones podría suponer un nuevo gasto de 177 millones: unos 3,8 euros por cada uno de los 46 millones de españoles.