El gobierno español en funciones ha aprobado este viernes una serie de medidas para tratar de mitigar los efectos negativos de la parálisis ejecutiva que vive el país, incapaz de nombrar nuevo gobierno desde hace nueve meses.
La imposibilidad de plantear unos presupuestos y la necesidad de atender a los compromisos de consolidación fiscal con Bruselas requiere medidas específicas con o sin el apoyo de otras fuerzas políticas.
"Se trata de una serie de medidas que buscan... lo que algunos han venido en llamar operación de minimizar daños", dijo la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría tras anunciar que ya han iniciado conversaciones al respecto con otros grupos políticos.
En rueda de prensa posterior al consejo de ministros, Sáenz de Santamaría anunció la proyectada reforma del impuesto de sociedades para tratar de incrementar la recaudación en 8.000 millones de euros de aquí a fin de año, con el objetivo de cumplir los objetivos de déficit comprometidos con Bruselas.
"Estamos estudiando plantear una proposición de ley de modificación de ley orgánica de estabilidad presupuestaria que permita a un gobierno en funciones y siempre que la UE modifique la senda fiscal, poder llevarla a las cortes y modificarla", dijo.