Según su propuesta conjunta sobre el control de la inmigración, ambos países quieren que la Unión Europea rebaje sus garantías de derechos humanos para permitir la deportación de solicitantes de asilo antes de considerar su caso.
Esta opción solo se activaría en momentos de una "afluencia masiva" de personas al bloque, y ha llegado en un momento en el que la UE hace cada vez más difícil tanto para los inmigrantes como para los refugiados entrar y obtener autorización para quedarse.
A pesar de que la UE dice que tiene derecho a expulsar a todos los inmigrantes económicos si así lo desea, sus leyes vigentes en materia de derechos humanos y asilo señalan que un país tercero debe cumplir ciertas condiciones si el bloque devuelve allí a alguien que solicita asilo en Europa.
La devolución de los solicitantes de asilo fue un elemento clave de un acuerdo entre la UE y Turquía de hace un año, y que redujo drásticamente el número de personas que llegaban a Europa. Sin embargo, pocos países vecinos de la UE cumplirían esos criterios, que incluyen seguridad frente a la persecución, condiciones de acogida y acceso al menos parcial a atención médica, educación y mercado de trabajo.
Alemania y Francia señalan que el sistema de asilo de la UE "debe diseñarse de manera flexible y debe ser capaz de hacer frente a cualquier eventualidad".