La OCU, la principal organización de consumidores españoles, ha presentado hoy ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular tras la intervención y venta a Banco Santander (BME: SAN.BM) por el precio simbólico de un euro, así como la pérdida total de las inversiones de accionistas y titulares de bonos convertibles y subordinados. La organización ha señalado:
"La querella se dirige contra los antiguos administradores del Banco responsables de la última ampliación de capital en 2016 y la auditora PricewaterhouseCooper, a los que acusa de los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores".
La OCU resalta que hace un mes la entidad cifraba su valor patrimonial en 10.777 millones de euros a pesar de que, con motivo de la intervención, se elaboró un informe independiente que arrojó una valoración económica negativa de entre 2.000 millones y 8.200 millones de euros de la entidad en dos escenarios.
Diversos despachos de abogados están trabajando en posibles demandas relacionadas con la pérdidas de las inversiones de los accionistas con motivo de la intervención relámpago, pero meses antes de la intervención ya se estaban preparando varias acciones legales conjuntas relacionadas con la ampliación de capital realizada hace un año a 1,25 euros por acción.