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Las autoridades de Uzbekistán acaban de dar luz verde a los intercambios de criptomonedas extranjeros en el país, según se desprende del decreto presidencial que acaba de entrar en vigor en el país sobre "las medidas para organizar la actividad de los criptoinstrumentos".

De acuerdo con el documento, únicamente las personas jurídicas extranjeras podrán recibir permiso para llevar a cabo actividades relacionadas con los intercambios de criptomonedas en el país. Con el fin de obtener la aprobación del regulador, los intercambios deben contar con un fondo cuya cantidad ascienda al menos hasta 30.000 salarios mínimos (aproximadamente 760.000 dólares), y sus servidores deben estar ubicados en el país. La normativa de los intercambios debe cumplir con las leyes relativas a la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Además, las plataformas deben almacenar los datos personales de sus clientes, la información sobre sus operaciones así como su correspondencia con los usuarios durante un plazo de al menos cinco años.

El decreto define a los intercambios de criptomonedas como ("una plataforma electrónica para intercambiar, comprar y vender activos digitales") y criptomonedas ("un conjunto de registros en un blockchain que tienen valor y propietario"). Según el documento, la actividad de las plataformas de negociación de criptomonedas no debe ser regulada según la normativa del mercado de valores. Además, las operaciones de compraventa no estarán sujetas a las reglas de regulación monetaria, y los ingresos generados por esta actividad no estarán sujetos a impuestos.

¿Por qué es importante?

  • Cada vez más países están recurriendo a las criptomonedas en un intento por resolver los problemas con su moneda nacional. Por ejemplo, Venezuela lanzó el año pasado su propia criptomoneda basada en el petróleo, el Petro.
  • El decreto ha llegado tras la legalización de las criptomonedas en el país. En julio, el presidente firmó un documento sobre el desarrollo de la economía digital. Mediante este, legalizó las criptomonedas y abogó por la introducción del blockchain en el trabajo de los organismos estatales. El país tiene hasta enero de 2019 para elaborar un marco regulatorio.
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