El gobierno estonio ha aprobado un proyecto de ley para regular a los proveedores de servicios relacionados con las criptomonedas.
Sin embargo, el proyecto aún debe someterse a votación parlamentaria antes de convertirse en ley. La legislación propuesta exigirá que los proveedores de servicios de criptomonedas sean supervisados por la Autoridad de Supervisión Financiera (FSA, por sus siglas en inglés).
En la actualidad, estos proveedores están registrados en la Unidad de Inteligencia Financiera (FIU,por sus siglas en inglés) y deben cumplir la normativa contra el blanqueo de capitales.
Está previsto que la FSA empiece a conceder licencias en 2025, y los proveedores con licencia de la UIF tendrán que solicitar la de la FSA antes de que acabe ese año.
Según el nuevo proyecto de ley, las infracciones de la normativa contra el blanqueo de capitales pueden dar lugar a multas de hasta 5 millones de euros (5,2 millones de dólares).